Javier Fernández Lanero: «No se trata de buscar culpables, sino de que la gente salga de Asturias sin pagar»

–Ha dicho que esta es «una cuestión que atenta contra la dignidad y la moral de la sociedad». ¿Por qué?

–Porque es la única vía rápida entre Asturias y la Meseta. Nos obliga a pagar por trabajar o estudiar y, en consecuencia, limita oportunidades y rompe la cohesión territorial. No estamos ante un peaje cualquiera: es el cuello de botella del noroeste, con una tarifa muy alta que se convierte en un gasto fijo cada vez que alguien quiere salir de Asturias. Además, existe trato desigual con otros territorios donde sí se han liberado peajes. Y, lo más grave, es que estamos ante una concesión ilegal.

–¿Por qué cree que no somos capaces de poner el mismo nombre a lo de Gaza, pero sí de pedir el fin del Huerna?

–Porque el Huerna nos afecta directamente a todos, y eso explica la unidad política en torno a su supresión. Ojalá hubiera la misma unidad en Gaza. Allí lo que estamos viendo es un exterminio de vidas humanas y de bienes materiales, un genocidio que marcará a miles de generaciones futuras.

–¿Qué le diría a Daniel Ripa si lo tuviera delante? ¿Y a Óscar Puente?

–Desde UGT no queremos personalizar este conflicto. Sabemos perfectamente quién prorrogó esta concesión, quién denunció su ilegalidad y a quién corresponde ahora resolverla. Este peaje lo prorrogó un Gobierno de derechas, y ahora un Gobierno socialista debe aportar la solución. No se trata de buscar salvadores ni culpables, sino de dar una respuesta a la gente. Lo que la ciudadanía quiere es poder salir de Asturias sin pagar. No se entendería que el Gobierno de España no se alineara con el de Asturias, de su mismo color, en esta reivindicación. Espero que rectifique.

–El dinero no es infinito. ¿De dónde debe salir el que hace falta para el rescate?

–Del mismo sitio de donde salió para rescatar otras autopistas. Lo que está claro es de dónde ha salido hasta ahora: de los bolsillos de los asturianos, que llevan años pagando este peaje. El debate no debe centrarse en cuánto cuesta, sino en que se trata de una concesión injusta e ilegal, y es el Gobierno quien debe resolverlo.

–Además de esta movilización, ¿debe ir el Principado a los tribunales?

–Sin duda. Hay que acudir a la vía judicial, lo que habrá que definir es desde qué ámbito. Seguramente habrá que recurrir a la Unión Europea y también a la vía contencioso-administrativa en España. ¿Lo debe hacer el Gobierno del Principado y también las empresas afectadas?. Lo decidirán los juristas. Lo que está claro es que hay que hacerlo.