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La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar tiene sobre la mesa 2.765 peticiones para ocupar una plaza geriátrica. Cifra a la ... que se suma otra: la que conforman las 353 solicitudes para acceder a una plaza de centro de día. En ambos casos, los solicitantes buscan plaza pública o concertada. En total, son 3.118 las personas que están en lista de espera para un servicio sociosanitario en Asturias.
Unos números al alza que ya han recibido críticas políticas y que se enfrentan con otros a la baja. Los relativos a la oferta de plazas residenciales para mayores en Asturias. En estos momentos, en las residencias del Principado, tanto públicas como privadas, hay hueco para 15.096 personas. La cifra más baja desde el inicio de la pandemia. En 2020, antes de que en marzo la pandemia de la covid lo parara todo, Asturias seguía con la senda al alza de la oferta geriátrica, hasta llegar a contar con 15.130 plazas. Al año siguiente, se sumaron 92 más.
3.118 personas
Número de asturianos que se encuentran a la espera de una plaza sociosanitaria
Así lo asegura la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 'madre' del Observatorio de la Dependencia. En el último informe, presentado por su presidente, José Manuel Ramírez, se señala la destrucción de la oferta geriátrica desde la pandemia. Pese a que la población mayor de 65 años gana peso en la pirámide poblacional española, con Asturias a la cabeza nacional al superar los mayores el 28,2% del total regional, la oferta de plazas residenciales va a menos: 395.065 en todo el país. La cifra más baja desde 2022, cuando España llegó a su máximo histórico: 398.575 plazas.
«Los números que facilita el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) indican un retroceso del sector residencial en 2023», explica Ramírez. Explica él que la oferta no es adecuada para la demanda, especialmente la formada por personas con gran dependencia (grado III), o dependencia severa (grado II), para la que calcula que «serían necesarias no menos de 35.000 plazas» en toda España.
Con los datos oficiales, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales encuentra también un dato preocupante: el de la ocupación. Si en España están en uso el 84,1% de las plazas, en Asturias la tasa baja al 52,8%. La oferta pública sigue siendo mayoritaria en el Principado, donde son de titularidad regional el 54,9% de las plazas geriátricas, frente al 45,1% puesta a disposición por empresas privadas. En el informe se señala que el nuevo modelo de cuidados de larga duración, en el que está inmersa Asturias y que se basa en centros más pequeños y unidades de convivencia que den protagonismo al usuario, sigue aún en los pasos más iniciales del proceso.
Mientras, desde el Principado se insiste en que la mayoría de las personas en lista de espera por un servicio sociosanitario en Asturias, 3.118, «ya cuentan con una prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)».
Así, según las cifras que maneja el departamento que dirige Marta del Arco, «del total de personas que figuran como demandantes de una plaza pública residencia para mayores, 2.765, el 80%, cuentan con otra prestación, de manera que cuando exista una plaza disponible en cualquiera de los centros que haya elegido, hasta un máximo de tres, podrá optar entre mantener la prestación actual o acceder a la plaza residencial». De ese 80% total que dispone de una prestación por su dependencia, «el 40% ya están residiendo en centros privados y percibiendo una prestación económica vinculada al servicio».
Lo mismo ocurre, apuntan las mismas fuentes, con los centros de día. «De las 353 personas que figuran como demandantes de una plaza pública de centro de día, 300 cuentan con otra prestación del SAAD». Es decir, el 85% ya acude a un centro de día privado y está a la espera de que haya plaza en uno público.
Una situación esta, la de tener ayuda para financiar un servicio privado mientras se aguarda por disponer de uno público es algo que lleva a cabo el principado, «con el objetivo de eliminar cargas burocráticas». Así, «las personas en situación de dependencia tienen derecho a recibir apoyos en el domicilio o incluso, a percibir la prestación económica que les ayuda a costear un centro privado, y a la vez, a estar inscritas como demandantes de una plaza residencial pública o de centro de día».
Así se evita que «ante un cambio de circunstancias que impida atender a la persona dependiente en su domicilio» deba solicitarse la revisión de su Programa Individual de Atención (PIA).
sMenos plazas, pero aún cumple Asturias la ratio que fija que cada comunidad autónoma debe tener cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años. De hecho, es una de las seis en todo el país que tienen 'superávit' de plazas.
Según el último informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la fundadora del Observatorio de la Dependencia, en toda España, además de Asturias, que tiene 1.237 plazas por encima de la ratio del 5%, solo Castilla y León (con 17.764 plazas), Castilla-La Mancha (7.072), Aragón (4.859), Extremadura (4.096), y La Rioja (408) cumplen con ese requisito que fija el mínimo de oferta de plaza residencial necesario para la población mayor de 65 años.
No obstante, la propia entidad entiende que la ratio de cinco plazas residenciales por cada cien mayores de 65 años «no se ajusta a las necesidades reales».
«Resulta inadecuada en la sociedad actual. La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años», explica el presidente de la entidad, José Manuel Ramírez, quien utiliza el propio informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
«Dice el informe que el 75,5% de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible».
Por ello, la entidad solicita al Imserso «que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas, proveedores y entidades del sector.
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