Más de 100 menores asturianos están en riesgo de sufrir violencia vicaria

Son muchas las asturianas que han contado a EL COMERCIO lo difícil que les resulta evitar que su agresor, condenado por violencia machista, en algunos casos con varias sentencias, tenga derecho a visitar a sus hijos, pese a que los menores sean víctimas también de maltrato físico o psicológico. Y sobre los que pesa la amenaza permanente de dar un paso más si su madre decide seguir adelante ya sea con el proceso de divorcio, ya con la denuncia de las agresiones .

En estos momentos, según las cifras de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en Asturias hay 104 menores que están en riesgo de sufrir violencia vicaria. Sus casos están activos en el sistema de seguimiento conocido como VioGen. El mismo en el que hay 2.192 mujeres, todas ellas con protección policial. El doble que hace un año. De ellas, una está en riesgo extremo. Se trata de una asturiana que tiene entre 46 y 64 años.

La sensación de las víctimas, de que es muy difícil probar el riesgo de violencia vicaria, la comparten expertas como la presidenta de Abogadas para la Igualdad. María Martín tiene claro que «como abogada especializada en violencia de género me reafirmo en que no podemos seguir mirando hacia otro lado».

Encabeza ella una entidad sin ánimo de lucro en la que las integrantes se presentan como acusación popular en los feminicidios que se producen en Asturias. Ya han solicitado su presencia en los tres registrados este año, aunque solo lo han conseguido en dos.

Están personadas en el asesinato de Karilenia Ch., apuñalada en plena calle por su pareja el 31 de enero en Sama; y el de Lola Fernández, que murió a puñaladas y martillazos por parte de su marido el 2 de julio, cuando dormía en su casa de Pola de Laviana. El crimen de Susana Sierra, la gijonesa cuyo cadáver apareció el 24 de junio en un cubo de basura que tenía en su casa su pareja, Jesús Suárez, 'El vasco', aún no ha pasado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Mientras sigue a la espera de lograr personarse en el caso de la gijonesa, Martín asegura que «la violencia vicaria no se limita al asesinato de menores. Existen muchas otras formas de maltrato utilizadas por los agresores para seguir castigando a las madres». Y avisa: «la amenaza es la primera señal de advertencia clara de la violencia vicaria».

Su entidad está, también, analizando el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros que busca convertir en delito la violencia vicaria. La nueva regulación incorpora el artículo 173 bis al Código Penal, que define este delito contra la integridad moral y establece penas de prisión de seis meses a tres años, con un tipo agravado en el contexto de violencia de género. Modifica, además, la propia Ley Integral, el Código Civil, y otras normas procesales y de protección a la infancia. Entre los cambios, destaca la obligación de escuchar a todos los hijos e hijas menores, y también a los mayores con discapacidad, antes de establecer un régimen de custodia, salvo casos excepcionales debidamente motivados.

Recuerda María Martín los datos «escalofriantes» que recoge «el 'Estudio y Recopilación de Casos sobre violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional: Un laberinto perverso contra las Madres Protectoras'». Por ejemplo, que «el 82% de las madres recibieron amenazas relacionadas con sus hijos», o que «el 80% de los agresores impiden el contacto con la madre cuando están con los hijos» o que «el 68% de los hijos regresan en malas condiciones».

Su hijo no es uno de los 104 menores asturianos que se encuentran, según las últimos datos oficiales, con caso activo en el Sistema de Seguimiento y Control de la Violencia de Género (VioGen). Y no lo es porque María (nombre ficticio) no ha logrado de la Justicia que la orden de alejamiento que su ex, y padre del menor, tiene en vigor hacia ella evite, también, el contacto con el hijo que comparten.

Está él condenado por maltratarla y amenazarla de muerte, pero no logró ella que la protección alcance a su hijo. De hecho, no logró que, pese a la condena en vigor, su agresor dejara de tener derecho a visitar al hijo que comparten. Y ahora es peor.

«Cuando el juzgado falló contra él, solo conseguí que las visitas se realizaran bajo supervisión. Pero en cada cita, mi hijo venía peor, llegando a hacerse daño a sí mismo», explica. Y llamó a todas las puertas que ofrece la legislación para las víctimas de violencia machista. «He hablado con el Centro Asesor de la Mujer (CAM), con la Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI), cuento con informes psicológicos del estado de mi hijo... Pero no ha servido de nada».

Lo dice porque, tras recabar todos los informes que, creía ella, avalarían su petición de suspender el régimen de visitas, «en el juzgado todo saltó por los aires. De repente, me vi obligada a elegir entre acceder a que siguieran las visitas o perder la custodia. Y hemos pasado de unas visitas bajo supervisión a un calendario mucho más amplio, con fines de semana enteros, vacaciones y sin ningún tipo de control de lo que ocurre en ellas».

Confiesa que se siente «absolutamente desamparada. Mi hijo no está bien y, cuanto más tiempo pasa con su padre, empeora, pero ya no sé cómo protegerle».

Aunque la decisión judicial no es firme, María explica que «una cosa es la que nos cuentan, sobre la lucha contra la violencia machista y la protección a las víctimas, y otra la realidad». Según su experiencia, «me han tomado por una madre histérica y no creen que mi ex, del que saben que es maltratador, haga daño a nuestro hijo. Pero lo hace».