«Con La Talá fueron casi cuarenta años de lucha, es un éxito emblemático»

El recurso ahora no admitido lo había presentado Sareb contra una sentencia del 30 de noviembre de 2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Entonces, el TSJA desestimó el recurso del 'banco malo' contra un acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), por el cual dicho organismo apuntaba que una finca propiedad de la misma Sareb era suelo no urbanizable. Dicho acuerdo de la CUOTA había sido adoptado el 18 de diciembre de 2020.

Esta última resolución del Tribunal Supremo es firme, por lo que desde Avall sostienen que «los llaniscos ya podemos estar tranquilos» con La Talá, «el mayor pelotazo» de Llanes. «Se acabó, es un terreno rústico», subraya la secretaria de Avall, María José Rodríguez. Y añade que en las últimas décadas «más de cuatro se hicieron más ricos de lo que eran» con todo el proceso que ha rodeado a esos terrenos. «No se nos puede robar a mano armada como se pretendió desde los tiempos de Antonio Trevín hasta nuestros días», sostiene. Consideran desde Avall que existen «muchos responsables», desde «funcionarios hasta cargos públicos» y «especuladores». Frente a esos intereses, sostiene Rodríguez, la asociación decidió actuar y «se nos reprochó». «Hemos pasado mucho, se nos puso de todo», comparte. Sin embargo, «aquí estuvimos tratando de que Llanes no perdiera un enclave fundamental en su paisaje y su ecología y que repercute directamente en los negocios turísticos, que se benefician de la belleza de este paisaje».

La secretaria de Avall asevera que ha sido un camino «agotador». En este tiempo, fueron declarados como asociación de utilidad pública, pero «es muy relativo» a nivel económico, pues pese a la justicia gratuita de la que se pueden beneficiar optaron por «recurrir a abogados de pago» al tratarse de un caso urbanístico complejo. Destaca en ese sentido el trabajo de su letrado, Javier Calzadilla, «gran abogado urbanista y persona con conciencia cívica».

Los terrenos en cuestión llegaron a manos de la Sareb hace una década, procedentes de Cajastur. El valor no llegó entonces a los 18 millones. En cincuenta años, el precio de los controvertidos terrenos pasaron de 125.000 pesetas a costar 41 millones de euros. En este tiempo, con planes de construcción de medio millar de viviendas de por medio, pasaron por diversas manos, como las del empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón o la inmobiliaria Nozar.