El Principado exige unidad contra un pacto fiscal que «pondría en riesgo el estado de bienestar»

Se pudo evidenciar este martes, con los discursos cruzados entre el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y la respuesta del portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez. Para el primero estamos ante «un golpe de estado fiscal» por lo que los diputados socialistas de Asturias tienen que elegir; si la reforma legislativa anunciada llega al Congreso «o se está con Pedro Sánchez o se está con Asturias». Por su parte el portavoz del Principado situó la dicotomía en otro territorio. Lo hizo lanzando a la oposición una «advertencia» que luego endulzó como oferta de «mano tendida». Los partidos, dijo, «salieron en tromba a hacer ruido y tratar de debilitar al Gobierno. Ante un debate tan serio tienen dos opciones: o se ponen al lado del Gobierno del Principado para defender los intereses de Asturias o van a aprovechar esto para seguir haciendo ruido y seguir debilitando al Gobierno. Les invitamos a que dejen de hacer ruido, así que les invitamos que si de verdad les interesa Asturias, que apoyen al Gobierno y a los intereses de Asturias».

En ese juego posicional, Peláez comenzó dando un paso más en su rechazo al acuerdo salido de la comisión bilateral Estado-Generalitat. El lunes había criticado «las formas» del mismo, reiterado que «lo que afecta a todos deben negociarlo todos» y criticado lo que le parecía un acuerdo de adhesión en el que, el papel del resto era dedicir «si lo tomas o lo dejas». Eso sí, eludió entrar en el fondo del documento, excusando que era inconcreto y admitía interpretaciones varias.

Hoy, una vez «reposado» el texto y escuchadas otras voces, el también consejero de Hacieda entró ya en el fondo de la cuestión, estimando que hay dos recorridos posibles en adelante. De un lado que el Ministerio de Hacienda eleve al Consejo de Política Fiscal un concierto específico y diferenciado para la Generalitat, «de forma que abandone el régimen común». Eso tendría el 'no' del Principado, porque dicho acuerdo supondría abandonar los «principios de solidaridad» que están garantizados con el modelo actual.

La segunda posibilidad es que lo que se esté proponiendo sea «una reforma del modelo de financiación dentro del marco del régimen que trate de dar mayor peso a la capacidad fiscal de los territorios en detrimento de los fondos de compensación o de nivelación que garantizan los servicios públicos en todos los territorios». En ese caso, «y con los pocos datos que tenemos, también diríamos que no a una propuesta de esa naturaleza».

Dijo Peláez que desde el Gobierno regional «velamos única y exclusivamente por el interés general de Asturias, garantizando que podamos prestar servicios públicos de calidad a los ciudadanos. Si vamos a un modelo que prima más la capacidad fiscal de los territorios y no las necesidades de los ciudadanos, se pondría en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar en Asturias».

De nuevo, hay puntos en común. El acuerdo entre los socialistas del Gobierno central y los del Ejecutivo catalán aspira a que la Generalitat gestione algún día todos sus impuestos, que el año que viene asuma la declaración de la renta, que se vaya a un reparto de la contribución en el que donde los ciudadanos que paguen más impuestos sean los que tengan la administración autonómica con más recursos. Todo ello pone en riesgo la sostenibilidad del estado de bienestar» para Peláez y supone una «quiebra de los principios de solidaridad» para Queipo. A partir de esa sintonía común, vuelven las diferencias.

Para el presidente del PP de Asturias la situación es de gravedad y lo que urge es pasar a la acción. De ahí que solicitara la convocatoria de otro pleno extraordinario de la Junta General como el celebrado esta semana para desbloquear la tramitación de una ley. En esa ocasión la reunión tendría por objeto de que el presidente Adrián Barbón y el consejero de Hacienda detallen «lo que saben» del acuerdo y las consecuencias para Asturias.

También invitó al resto de partidos «sin excepciones» a respaldar una declaración común. «Tendría cuatro puntos muy concretos: rechazar el acuerdo entre la Generalitat y el Estado, instar al Gobierno a que no haya cesiones unilaterales de tributos a Cataluña, que no se ataque la autonomía fiscal de las comunidades ni con este acuerdo ni en el futuro, y que el Principado active todos los mecanismos legales e institucionales, incluido el recurso de inconstitucionalidad, para frenar este atropello», avanzó.

El texto lo registró como proposición no de ley, con un preámbulo en el que, además, se critica que el acuerdo se produzca «en un contexto de extrema debilidad del Gobierno central, que opera sin presupuestos aprobados, se ve acosado por escándalos de corrupción y carece de una mayoría parlamentaria clara», elementos que hacen difícil atraerse el apoyo de la izquierda.

Queipo aseguró este martes que en las comunidades autónomas financiadas por el régimen común «todos los presidentes salieron para hablar en nombre de sus ciudadanos y expresar su rotunda posición negativa, todos menos uno, Adrián Barbón». Su «silencio calculado esconde una triste realidad, prefiere no enfadar al líder Pedro Sánchez en vez de representarnos a todos los asturianos», afeó. «Ese silencio, esa ausencia de liderazgo y esa opacidad pueden perjudicar a los asturianos», manifestó. «Dado que este Gobierno no va a dar la batalla, alguien tendrá que hacerlo, y será el PP», comprometió.

El líder de la oposición dijo que «este es un momento histórico que exige que todos vayamos bajo la bandera de Asturias en defensa de nuestra tierra y sin fisuras». En consecuencia instó a su homólogo socialista a forzar que los diputados asturianos en el Congreso de los Diputados rompan la disciplina de voto con el PSOE y se opongan a la reforma, caso de llegar a la Cámara Baja.

«Los ocho diputados del PSOE de Emiliano García-Page, más los dos del PSOE de Barbón, más los del PP son suficientes para tumbar este golpe de estado fiscal», clamó. Queipo solicitó también a que «no engañen». El Principado solicitó la convocatoria del Consejo de Política Fiscal, ente que reúne a las comunidades autónomas y al Gobierno central, anticipando que votaría en contra del pacto si detecta privilegios a otros territorios. «El consejero de Hacienda sabe que los acuerdos en el consejo no son vinculantes y que además al Gobierno central le basta un voto, el de Cataluña para sacarlos adelante», indicó.