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Una vez más, el debate político en la Junta General del Principado de Asturias se ha centrado hoy en la ordenación de la instalación de ... los parques de baterías en la región. Ha llevado Vox el tema al Pleno de la Junta, de la mano del diputado Gonzalo Centeno, a quien la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ha contestado de forma contundente que los parques son instalaciones «estratégicas y claves para el desarrollo de la transición energética y para garantizar la calidad del suministro eléctrico», si bien «ni pueden ni deben estar en cualquier lugar».
Habla Centeno (que ha dado a la consejera la «bienvenida a este circo») de «preocupación, alerta y miedo» de los asturianos por la «falta de información veraz y la ausencia de seguridad jurídica», así como por los «retrasos» en la ordenación de dichas instalaciones, y ha interpelado directamente a la consejera sobre si descarta o no su instalación en las zonas rurales. Ante eso, Díaz ha admitido, por un lado, la «comprensible alarma social», aunque asegura que de ahí deriva el trabajo actual para determinar cómo y dónde se podrán instalar los parques. En cuanto a la cuestión de la zona rural, la consejera ha vuelto a hablar de «prioridades», que son la ya conocidas: suelos urbanos o urbanizables de uso industrial que ya estuvieran previstos en los planeamientos municipales, que hayan tenido dicho uso anteriormente o que estén considerados degradados. El fin último de la regulación, asegura, es «definir los espacios más adecuados y más convenientes para su instalación».
Dice la consejera que ha habido respuesta a las constantes demandas de información por parte de los ayuntamientos y que si bien es cierto que hay un centenar de proyectos con acceso a los puntos de instalación eléctricos, primer paso para cualquier desarrollo de este tipo, no todos continúan luego adelante. En este momento, ha asegurado, solo hay dos con permiso de construcción. Para esos y para cualquiera que llegue en el futuro, ha insistido, se exigirán requisitos de seguridad «tanto industrial como energético».
No ha sido el único asunto al que ha tenido que contestar Belarmina Díaz, a quien el Partido Popular ha preguntado por sus objetivos programáticos. Asumiendo como propios los del Gobierno regional y los de su antecesora en el cargo, Nieves Roqueñí, (básicamente, liderar la transformación ecológica de la industrial, impulso de las energías renovables y los proyectos medioambientales), Díaz sí ha detallado algunas prioridades, obligadas prácticamente ante «los nuevos tiempos marcados por el cambio en el orden internacional» y, sobre todo, por la «ofensiva arancelaria«. Ante ese escenario »complejo e imprevisible«, ha admitido que hay algunas »urgencias que afectan a las industrias asturianas en general y a la siderurgia y el acero en particular«. Y en ese contexto ha marcado tres líneas de actuación.
En primer lugar, un «diálogo fluido con agentes sociales y económicos», junto con la reactivación de herramientas como el Foro por la Industria, que se reunirá el próximo día 10, así como el «contacto permanente con empresas en situación crítica». En este sentido ha asegurado que el Gobierno regional sigue trabajando junto con el Gobierno central y la Comisión Europea en cuestiones como el arancel a la entrada de acero sucio. Y, al margen de eso, ha mencionado otros objetivos como convertir Asturias en un «referente en reutilización del agua para la industria».
Ha tenido ocasión también la consejera de defender a su equipo como «el mejor para trabajar por Asturias ante los comentarios del popular Rafael Alonso sobre los problemas con Izquierda Unida y el nombramiento de la viceconsejera de Medio Ambiente, Susana Madera.
Otro de los asuntos tratados en el Pleno ha sido el de las zonas tensionadas. "Todas las zonas tensionadas en las que estamos trabajando tienen el consenso municipal. Todas". El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha insistido en que las decisiones que va tomando su consejería cuentan con el visto bueno de los ayuntamientos afectados, ante las dudas planteadas por la diputada popular Susana Fernández Arias, que le acusó de aplicar un "comunismo trasnochado" en contra de la postura de los gobiernos locales.
El PP ha llevado al Pleno una vez más una pregunta sobre la declaración de las zonas tensionadas en Asturias y Zapico ha reiterado todas las explicaciones: en estos momentos son 16 las zonas en estudio, pertenecientes a seis concejos (Cabrales, Llanes, Langreo, Gozón, Avilés Oviedo y Gijón). En todos los casos, asegura, se trabajará con los ayuntamientos para llevar a cabo medidas ‘extra’, ajustadas a las particularidades de cada territorio. Zapico se refirió a dos casos concretos: «A Llanes fuimos planteando dos zonas y su concejal, el del PP, propuso cuatro más. Y el Ayuntamiento de Gijón ha aprobado las zonas con la abstención del PP».
La diputada popular rechaza de pleno el proyecto, que considera un «ataque a la propiedad privada», y abogó por poner más suelo en el mercado, rebajas fiscales y «acabar con la impunidad de los okupas». Zapico defiende la necesidad de intervenir.
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