La patronal recela de las medidas en Asturias y exige «conocer los soportes científicos y técnicos»

El anuncio de nuevas medidas realizado ayer por Adrián Barbón no obtuvo el mismo respaldo entre las fuerzas políticas que entre el empresariado asturiano. Si bien los primeros manifestaron mayoritariamente su apoyo, los segundos, a través de Fade, exigieron «una explicación más detallada y amplia exponiendo cuales son los soportes científicos y técnicos que amparan las decisiones anunciadas». Su presidente, Belarmino Feito, exigió «que estas decisiones estén acompañadas de medidas económicas que apoyen a los empresarios y autónomos de los sectores afectados, porque sin duda el impacto será muy negativo sobre sus maltrechas cuentas de resultados». Feito lo ejemplificó afirmando que «es difícil comprender, tanto para el restaurador como para el cliente, por ejemplo, cuál es la diferencia o impacto en la situación epidemiológica de cerrar un establecimiento hostelero a las once de la noche o a las doce». Por todo ello, y basándose en la experiencia de la situación vivida hace unos meses, confió en que esta vez «se agilicen las medidas para el mantenimiento de la actividad productiva».

La líder del PP en Asturias, Teresa Mallada -quien horas antes se había reunido con la patronal del sector turístico, Otea- siguió un guión parecido. La popular calificó las medidas como «improvisadas» y recalcó que «ahogan» a la hostelería, para la que reclamó «compensaciones justas». El PP fue, junto a Vox, la única formación que mostró sus discrepancias con el anuncio del Ejecutivo autonómico. En el caso del partido conservador, las calificaron de «desproporcionadas» y de un nuevo «castigo». El portavoz de Vox en la Junta, Ignacio Blanco defendió que «los asturianos han hecho todo lo que se les ha pedido» y subrayó que «en Asturias no hay una guerra nuclear, por lo que el toque de queda, el cierre de ciudades y clausurar negocios a las diez de la noche no tiene sentido». Para el líder de esta formación, «nunca hubo 'milagro Barbón' y concluyó que lo anunciado «no contendrá la pandemia pero sí acabará con nuestra mermada economía».

El resto de fuerzas parlamentarias, cada una con sus matices, sí mostraron su respaldo a la decisión. La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Susana Fernández, recordó que la líder de su formación a nivel nacional, Inés Arrimadas, ya había pedido horas antes el decreto del estado de alarma para «anular que la inseguridad jurídica debilite la eficiencia sanitaria». Aunque desde la formación naranja dan su apoyo, sí muestran cierto recelo sobre los siguientes pasos del Gobierno regional. «No se entendería que se vivieran algunos de los mismos errores, a no ser por una manifiesta falta de previsión». En ese sentido, Fernández reclamó una «mayor coordinación nacional para adoptar soluciones homogéneas que eviten la discriminación y aborden la problemática con mayor eficiencia».

Desde Podemos aplauden las medidas basándose, según explican, en las experiencias recientes. «Parece probado que los confinamientos perimetrales y la reducción al máximo de la interacción social son las únicas medidas eficaces en momentos de transmisión comunitaria como el actual», subrayó el diputado y secretario general de la formación morada, Daniel Ripa. No obstante, un apoyo que también llegó con la exigencia de «no dejar a nadie atrás. Para Ángela Vallina, de IU, «pueden ser medidas duras, restrictivas, incluso impopulares, pero creemos que la protección de la salud tiene que ser una prioridad que exige este tipo de decisiones difíciles». Por su parte, su homólogo en Foro, Adrián Pumares, reclamó que las restricciones vengan acompañadas «de realización de test, de mayor número de rastreadores y de un refuerzo en Atención Primaria».