El plan de Cogersa para privatizar la 'plantona', en riesgo por la falta de aliados

Son unos 60 los efectivos necesarios y tres las opciones para reclutarlos. Cogersa podría ampliar plantilla para asumir la gestión directa, recurrir a una empresa pública auxiliar como Tragsa o el Serpa, o sacar a concurso un contrato y externalizar la gestión. El calendario achica las opciones. La 'plantona' fue inaugurada por primera vez en enero de 2024 y para llegar a ese momento Cogersa firmó cinco meses antes un contrato con Tragsa confiándole la tarea de poner la plantilla a cambio de nueve millones al año. La nave sufrió un incendio semanas después, suceso que evidenció la importancia de formar bien al personal sobre el riesgo que tienen determinados residuos para generar incendios.

Quedan ahora dos meses. El 15 de julio pasado el consejo de administración del ente, con representación del Principado y concejales del PSOE, IU y el PP, aprobó un plan de contratación anual que recogía la licitación de un encargo valorado en 96,3 millones por un máximo de cinco años. De salir a licitación, Cogersa buscaría una empresa que pusiera la plantilla y a la vez asumiera la misión de buscar destino a los subproductos que generará la 'plantona', entre los que están 150.000 toneladas anuales de combustible sólido recuperado (CSR), de difícil colocación.

Las semanas y meses pasan sin que el consorcio dé un paso firme en ese sentido. El presidente de Cogersa es Alejandro Calvo, el consejero de Medio Ambiente, departamento desde el que, a preguntas de este periódico, matizaron que aunque el plan de contratación se aprobó con esa opción, la decisión no está tomada.

El reloj corre en un escenario donde todos los que han sido o son aliados de la FSA lanzaron ayer un mensaje coincidente. IU-Convocatoria, la diputada Covadonga Tomé, Foro Asturias, UGT y CC OO exigieron que no se privatice la gestión de la 'plantona' y que Cogersa la explote con personal propio. A lo sumo y durante un tiempo, algunos aceptan recurrir a un medio propio público, como Tragsa.

«Ni es necesaria ni conveniente la privatización, otra cosa es que durante un tiempo de transición esté gestionada por otra empresa pública», dijo Delia Campomanes, de IU-Convocatoria.

«Apostamos por la gestión directa por parte de Cogersa con personal propio, que garantice el control, eficacia y estabilidad» –fijó Adrián Pumares, de Foro– «La alternativa de recurrir a Tragsa, a quien se responsabiliza del incendio, sólo evidencia falta de planificación». Covadonga Tomé, de Somos, apuesta por poner la 'plantona' en manos de «personal propio de Cogersa, no apoyamos externalizaciones».

Mismas palabras se emitieron desde el frente sindical. La 'plantona' hará «la actividad principal de Cogersa, por lo que debe ser con personal propio del consorcio», argumentó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT. «Si tiene que haber una explotación transitoria, debe ser por el plazo más breve, negociado con el comité y sin externalizar», abunda. «Al final sacar a concurso estos trabajos va en detrimento de las condiciones de trabajo», coincide Rafael Bravo, secretario general de CC OO del Hábitat de Asturias. «Entenderíamos que se subcontrate, por el plazo más breve posible, a Tragsa», indicó.

Desde el lado derecho del hemiciclo se pone el foco en que, a dos meses de terminar las obras, la incógnita siga sin resolverse. «El Gobierno va a llegar tarde a una cuestión trascendental, ha tenido tiempo para planificar esto», dijo Manuel Cifuentes, del PP, quien reclama al consejero «que tome decisiones». Si la decisión, como apuntaba el plan de contratación de Cogersa, es la externalización, su formación «no lo ve mal, lo que vemos mal es que no se haya licitado aún». Cifuentes se planteó si el retraso en aclarar el asunto tiene que ver «con discrepancias entre los socios de gobierno».

«En el proyecto estrella del socialismo en materia de residuos la administración tira la toalla proponiendo que sea la empresa privada quien la gestione», valoró Gonzalo Centeno, de Vox. Considera que «la única solución son unas elecciones anticipadas para acabar con 40 años de parálisis administrativa».