El sistema que propone el Principado de Asturias para evaluar a los funcionarios «no es objetivo», dicen los sindicatos

UGT, CC OO y CSIF coinciden en que la fórmula es, cuanto menos, poco objetiva. «Se evalúan cuestiones como el interés, el esfuerzo y la colaboración con la organización que no son cuestiones objetivas y que por lo tanto quedan sujetas al criterio del evaluador. ¿Cómo se puntúa el interés?», se pregunta Miguel Garrido, representante de CSIF en la Junta de Personal Funcionario. «Hay que establecer criterios más medibles para que, en caso de reclamación, se puedan comprobar», propone.

Garrido va más allá y alerta de que la fórmula planteada deja margen para «injerencias políticas» ya que el borrador del decreto establece que el Consejo de Gobierno o la consejería con competencias en Empleo Público pueden modificar los objetivos individuales o colectivos que, en principio, establecería el jefe superior. «Ésta es una cuestión que no compartimos», avisan desde CSIF.

Hasta el momento los sindicados han mantenido una reunión para analizar los primeros puntos del decreto, pero todas las centrales consultadas coinciden en la misma crítica. Desde UGT afrontan con «reservas» la propuesta del Principado ya que la carrera horizontal, hasta ahora una adscripción voluntaria para los trabajadores públicos, se convertirá en una «evaluación del desempeño obligatoria que endurece sus efectos para el personal: no sólo afectan a la carrera horizontal, como hasta ahora, sino que se extienden también a la provisión de puestos de trabajo, las retribuciones y la formación de los empleados públicos». Además, advierte Alberto Pérez Arroyo, secretario del Sector Autonómico de UGT Servicios Públicos, «se introducen criterios de evaluación que nos parecen, en algunos casos, poco objetivos y de difícil cuantificación».

Igualmente, Marcos Rodríguez, responsable de Administración Autonómica de CCOO, entiende que el sistema de evaluación previsto carece de objetividad en cuanto recae directamente en un superior y no en un órgano externo o en una unidad especializada que funcione como «elemento objetivo». Opinan desde CC OO que se trata, en parte, por una cuestión económica, «para que esta evaluación le salga gratis a la Administración», pero entienden que es un error. Y no sólo por la falta de objetividad, también porque se carga de más trabajo al superior, que «resta tiempo para la propia gestión de la unidad», y porque no se contempla ningún tipo de evaluación sobre la propia organización del trabajo. «Responsabilizar sólo a los trabajadores del fracaso es un abuso», opina.

En ese sentido, desde CSIF se propone una «evaluación del desempeño 360 grados» que incluya también la posibilidad de que los trabajadores valoren la labor de su superior, así como que se establezcan mecanismos para que en caso de una «evaluación negativa» el trabajador pueda reconducir la situación antes de que se aplique cualquier penalización. Cabe recordar que, según el borrador, un primer suspenso de esta evaluación impediría el progreso en la carrera horizontal del trabajador y un segundo podría sacar al empleado del destino en el que está, aunque lo haya ganado por concurso. De suspender tres veces acarrearía la pérdida definitiva del progreso alcanzado en el sistema de carrera horizontal. La negociación con los sindicatos sigue abierta por lo que las centrales aguardarán a conocer hasta qué punto el Principado está dispuesto a tener en cuenta sus peticiones antes de posicionarse sobre el decreto.