La prometida reforma fiscal asturiana no podrá entrar en vigor si el Parlamento no la agiliza

Ese era el compromiso del Gobierno regional y sigue siendo el objetivo del Principado y de PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, pero no será fácil. Por delante queda una tramitación parlamentaria que estará sin duda marcada por el debate político sobre fiscalidad y que, además, deberá encajarse en un ya de por sí ajustado calendario del Parlamento asturiano. Actualmente, se celebra en la Junta la comisión de investigación sobre el accidente en la mina de Cerredo así como ponencias de varias leyes. Pero, sobre todo, tendrá que salvar el condicionante de la habitual paralización de la actividad parlamentaria con la entrada en la Cámara –tradicionalmente en los primeros días de diciembre– del anteproyecto de ley de los presupuestos autonómicos, que suele concentrar toda la atención de sus señorías hasta prácticamente el último día del año.

Bajo el argumento de que la reforma beneficia fiscalmente al 80% de los contribuyentes, el Gobierno regional pretendía tramitar este proyecto de ley mediante el procedimiento de lectura única, lo que hubiera permitido aprobar la norma en una sola sesión plenaria, reduciendo de forma drástica la tramitación parlamentaria. Sin embargo, el hecho de que PP y Vox no apoyaran esta propuesta, que hubiera permitido eludir la comparecencia de expertos y la presentación de alegaciones, complica bastante la hoja de ruta.

La próxima semana, tal y como ya avanzó la portavoz del PSOE, Dolores Carcedo, su grupo parlamentario solicitará a la Mesa de la Cámara que declare la urgencia para esta tramitación y, dada la mayoría parlamentaria de la que dispone la izquierda, se da por hecho que la propuesta saldrá adelante.

Este tipo de declaración permite reducir «a la mitad» la duración de todos los plazos establecidos en el procedimiento ordinario y que afectan tanto a la petición de comparecencias, la presentación de enmiendas, como a la designación y celebración de la ponencia. Con estos plazos mucho más ajustados fuentes parlamentarias ven «viable, al menos sobre el papel» que se pueda completar esta tramitación antes de finalizar el año, aunque sin margen para contratiempos.

El Gobierno regional defiende que el proyecto de ley reforma la escala autonómica del IRPF para beneficiar a las rentas de hasta 35.000 euros, que concentran al 80% de las personas contribuyentes, para que ahorren, como mínimo, 119 euros al año. El texto se sustenta en tres pilares. De un lado, rebaja un punto el tipo que se aplica al primer tramo del impuesto, que pasa del 10% al 9%, e incrementa el mínimo personal y familiar exento. Además, neutraliza cualquier beneficio para las rentas superiores a 55.000 euros, para lo que aplica una subida en el cuarto tramo del 18,5% al 19,20%. Y, por otro lado, incrementa el tipo que se aplica a las rentas más altas, aquellas que superan los 175.000 euros, que pasa del 25,5% al 26%.

Igualmente, en el mismo proyecto de ley se incluye un gravamen del 15% a las transmisiones patrimoniales cuando el comprador es considerado un gran tenedor.

Una reforma que no convence a la oposición y que el Partido Popular, que ha presentado su propia reforma, califica de «subida encubierta» y mera «estrategia propagandística que no alcanza ni a la sociedad asturiana ni al tejido productivo».