Expertos analizan el efecto de la reforma en Asturias del IRPF: «Mínima» y «desincentivadora para las rentas altas»
El presidente Barbón defiende la medida, insistiendo en la progresividad de la misma y recordando que favorecerá a las rentas menores de 55.000 euros. Álvaro Queipo le acusa de mentir y mantiene que, en realidad, es una «subida de impuestos a las clases medias»
La reforma del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) que esta semana anunció el Gobierno del Principado supondrá una rebaja «mínima» ... para las clases bajas y medias, «insuficiente» teniendo en cuenta la inflación económica y, paralelamente, con subidas que pueden resultar «desincentivadoras» para las rentas altas. Así lo entienden expertos en Hacienda Pública consultados por EL COMERCIO, que coinciden con la patronal asturiana y la oposición en la necesidad de ajustar la tributación a la inflación, como ya hicieron una docena de comunidades en 2024, para frenar la «subida silenciosa» de este impuesto.
El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Javier Suárez Pandiello entiende que las reformas introducidas en la propuesta pactada entre el PSOE e IU-Convocatoria por Asturies son «de pitiminí» y suponen un mero «maquillaje de las cuentas», porque los cambios serán «mínimos» y el ahorro para las clases medias «escaso». Según los cálculos del Gobierno regional, el ahorro para las rentas de menos de 35.000 euros sería de 119 euros al año –para una persona soltera y sin hijos– y el beneficio sería aún más moderado para los contribuyentes con rentas que se muevan entre los 35.000 y los 55.000 euros.
Barbón y Queipo, visiones encontradas
El propio presidente asturiano, Adrián Barbón, volvió a recordarlo hoy en Proaza, destacando que la derecha y el PP pretendían favorecer a las rentas más altas. «Con la propuesta del PP, una persona que ganara 70.000 euros se ahorraba 365 euros, mientras que una persona que cobre 15.000 se ahorraba poco más de 50 euros», comparaba. Barbón aludió también al incremento impositivo para grandes propietarios de viviendas. «A quienes tienen 10 viviendas o 5 en zonas tensionadas les subiremos el impuesto de transmisiones patrimoniales del 8-9% al 15%«, recalcó. El presidente asturiano concluyó su intervención remarcando el objetivo de su política fiscal. »Creemos que la justicia fiscal es el camino a la justicia social«, ha sentenciado, mostrándose »muy orgulloso« de la reforma impulsada por su gobierno.
El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, decía por el contrario esta mañana en Gijón que Barbón, ha vuelto a «engañar a los asturianos» con «la mentira de su vía fiscal asturiana». Considera que la reforma que ahora impulsa el Gobierno significa «subir el IRPF a las clases medias». «Una medida que vaciará aún más el bolsillo de los asturianos y que el PP no va a apoyar», avanzó. «No vamos a apoyar ninguna subida de impuestos en Asturias», advirtió. Según Queipo, el Gobierno de Barbón es el de «la inacción, la mala gestión, la sumisión a Sánchez y, también, el de la mentira». Al respecto, recordó las afirmaciones recientes de Barbón en las que descartaba subidas de impuestos a pesar de los anuncios de IU de que sí había un pacto al respecto. «Si va a seguir las políticas económicas de Izquierda Unida, le pido al menos que no mienta al respecto, porque ésta no es la forma de crecer ni de atraer inversiones ni talento a Asturias», le lanzó el dirigente del PP.
El problema de la inflación
En cualquier caso, y más allá del enfrentamiento político, sostiene el catedrático Javier Suárez Pandiello que el hecho de que no se tenga en cuenta la inflación a la hora de actualizar este impuesto supone que el contribuyente, en la práctica, pague más. Por eso, opina que «si de verdad necesitamos subidas de impuestos para mantener los servicios deberían tratarnos como adultos y decirnos la verdad, pero no andarse con medias tintas subiendo por aquí y bajando por acá. Nos estamos moviendo en cantidades mínimas», argumenta el experto.
El mayor impacto, entiende, corresponde a la subida aplicada a las rentas de más de 175.000 euros, sobre la que Pandiello parece dudar de su verdadero alcance. «¿Cuántos asturianos hay que ingresen esas cifras y que no se hayan ido ya a Madrid a tributar?», se pregunta. Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, la medida podría afectar a entre 500 y 600 asturianos.
Rebaja del tipo mínimo
En la misma línea se manifestó Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal Español de la Universidad de Oviedo. Álvarez celebra la bajada del tipo mínimo en el primer tramo, que afecta a los primeros 12.450 euros de todos los contribuyentes y que, por lo tanto, «tiene un impacto recaudatorio alto». Entiende que era necesario porque estaba «generando problemas» en personas con sueldos muy bajos y que, aún así, la declaración de la renta les salía a pagar». Cree además que aunque con esta medida el ahorro absoluto es el mismo para todos, beneficia más a quienes tienen rentas más bajas, porque «el ahorro relativo con respecto a su renta es mayor», por lo que opina que «no tiene sentido introducir posteriormente subidas en tramos más altos con el argumento de profundizar en la progresividad».
Al contrario, considera que estas subidas lo único que consiguen es «profundizar más» en las diferencias fiscales de Asturias con otras comunidades y «desincentivar» a las rentas altas que, entiende, el Principado debería estar interesado en atraer y mantener. «El desincentivo que se genera supone un problema mayor que lo que puede dejar de recaudarse sin subir ese impuesto», razona Álvarez. Igual que Pandiello, celebra la subida un 10% del mínimo personal y familiar, pero entiende que esta deflactación debe ir más allá, siguiendo el ejemplo de otras muchas comunidades, para adaptar este impuesto a la realidad económica actual. No obstante, considera que debería haber sido el Gobierno central el que deflactara este impuesto a través del tipo estatal.
El profesor de Hacienda también es muy crítico con el gravamen del 15% que se aplicará en el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores (propietarios de diez viviendas o cinco en zonas tensionadas) por la compra de una vivienda. Cree que, lejos de favorecer el incremento de la oferta, tendrá un efecto contraproducente, porque se penalizará fiscalmente a quien puede comprar vivienda usada para su alquiler y, además, es una medida que se puede burlar fácilmente, porque no afecta a la vivienda nueva. «Lo que va a provocar es un trasvase de compra de vivienda usada a vivienda nueva», augura.
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