'Caso Renedo' | José Luis Iglesias Riopedre renuncia al Constitucional y solicitará un indulto al Gobierno
Alfonso Sánchez pide también el perdón y se ofrece a saldar los dos años y ocho meses haciendo trabajos en beneficio de la sociedad
R. MUÑIZ
GIJÓN.
Viernes, 4 de octubre 2019, 03:24
La orden de prisión llega cuando el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre cambia de defensa. Sergio Herrero, su hasta ahora letrado, concedió la venia a Anabel Prieto Torices, abogada especializada en derecho penitenciario. La transición se produce después de que el cliente descartase plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional. La estrategia ahora se centrará en suplicar al Gobierno de la nación un indulto. «Vamos a presentarlo y solicitaremos la suspensión de la ejecución de sentencia en tanto se resuelva», avanzó Prieto Torices. Si no prospera el perdón, la letrada hará valer la situación del cliente para procurar el mejor trato penitenciario. Aunque los 79 años de Iglesias Riopedre no le eximen del ingreso en prisión, el Código Penal prevé la suspensión de la pena si el condenado está afectado por «una enfermedad muy grave con padecimientos incurables». A favor juega que al exconsejero no le constan antecedentes y que muestre voluntad de reparar el daño en la medida de sus posibilidades.
La situación de Alfonso Carlos Sánchez es distinta. El Tribunal Supremo le absolvió de los delitos de malversación y falsedad documental, confirmándole en el de cohecho. Eso rebajó su pena de los seis años y seis meses iniciales a dos años y ocho meses. El Código Penal prevé suspender la ejecución de las condenas inferiores a dos años, algo de lo que quedó cerca. Su letrado, Javier Díaz Dapena, ya ha solicitado la suspensión del ingreso en prisión anunciando que él sí interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional. Además ha registrado una petición de indulto. No suspender la entrada en prisión, teniendo una condena relativamente corta, supondría que cuando se resuelva el indulto o el recurso, Sánchez ya tendría saldada buena parte de la pena. Para evitar esa incongruencia, Díaz Dapena pide la suspensión. En su escrito de indulto abunda en que el empresario no era consciente de que sus hechos fueran delictivos, ha visto quebrar su empresa, vive de su mujer y arrastra problemas físicos y personales. Los años en los que se le acusó de delitos de los que ha sido absuelto fue objeto de «insultos, amenazas y calumnias que ha venido soportando estoicamente a la espera de que se hiciese justicia».
De no acogerse el indulto total o parcial, plantea sustituir el tiempo de condena por trabajos en beneficio de la comunidad.
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