'Caso Renedo' | Así será la vida en la cárcel de los cinco condenados por el caso Renedo

'Caso Renedo' | Así será la vida en la cárcel de los cinco condenados por el caso Renedo

Dictará su busca y captura si eluden el ingreso voluntario. Deberán cumplir un cuarto de la pena antes de solicitar permisos

RAMÓN MUÑIZGIJÓN.

Llegó la hora. La Audiencia Provincial decretó el ingreso en prisión de los cinco principales condenados por el 'caso Renedo', la mayor trama de corrupción juzgada en la región. La Sección Tercera les convoca el lunes por la mañana, para entregarles en mano los mandamientos de ingreso en la cárcel. Con ellos en su poder tendrán hasta la medianoche para entrar en el centro penitenciario por propia voluntad «bajo apercibimiento de que si no comparecieran o no ingresaran en dicho plazo se decretará sin más trámite su busca y captura e ingreso en prisión».

Una vez en la garita, deberán mostrar la orden judicial, en la que constan los datos del penado, sus delitos y la condena. Los funcionarios verificarán su identidad, les tomarán las huellas y fotos para la ficha, procederán a su cacheo y a la retirada de todo objeto prohibido. No se permiten móviles ni tijeras.

En el módulo de ingreso quedarán un máximo de cinco días. Es ahí donde cada uno deberá pasar su entrevista con el educador, el psicólogo, el trabajador social y el médico. Si se aprecia riesgo de suicidio, al recién llegado se le pone con otro reo de apoyo. Una vez hechos los primeros informes el equipo de tratamiento decide cuál es el módulo propicio para ellos.

En 2011 Riopedre, Otero y Renedo coincidieron en los pabellones libres de droga, los de las Unidades Terapéuticas y Educativa (UTE). Como Muñiz y Sánchez, siguen dando el perfil para acabar en el módulo UTE 1 o UTE 2, lugares a los que solo acceden los presos que se comprometen a participar en dinámicas de reinserción. Ubicarlos en pabellones con presos peligrosos resultaría aún más traumático para cinco condenados sin delitos violentos ni experiencia en estos ámbitos.

En cada pabellón convivirán con entre 150 y 180 reos que intentan dejar atrás el mundo de la droga. La rutina, como en el resto de la cárcel, es férrea. A las 8, a las 14 y a las 21 horas toca recuento. Se desayuna a las 8.30, se come a las 13 y la cena es a las 19.30. Los presos pasan cada noche once horas en la celda, de 21 a 8 horas. El camastro tiene 70 centímetros de ancho y según la ocupación estarán solos en la celda o con otro preso.

Durante al menos dos meses deberán seguir el régimen. Luego llegará la propuesta para clasificarles en segundo grado o en el tercero, conocido también como semilibertad. La decisión la plantea la dirección del centro y debe validarla Instituciones Penitenciarias. Una vez establecido el régimen, no podrán solicitar beneficios como los permisos hasta que cumplan al menos un cuarto de la pena, y ello siempre que respondan a su nueva vida mostrando buena conducta.

Nueve años después

Han pasado nueve años y siete meses desde que una madre gijonesa, asistida por la letrada Graciela Lagunilla, interpusiera la denuncia con la que nació el caso y ahora los magistrados pasan a la fase de ejecución de sentencia. El Tribunal Supremo remitió la semana pasada todo el pleito, la Audiencia lo recibió el lunes y ayer mismo se comunicó una decisión que no deja apenas margen para que los abogados traten de evitar o posponer el amargo trance para el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general María Jesús Otero, la exfuncionaria Marta Renedo y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (de la desaparecida Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (de la quebrada Almacenes Pumarín S. A., APSA).

Iglesias Riopedre, quien fuera uno de los comunistas que participó en las negociaciones para legalizar el PCE y consejero de Educación durante siete años, se enfrentará ahora, a sus 79 años, a una pena privativa de libertad de cinco años y dos meses. Se le impone como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso con otro de falsedad en documento mercantil. Además se lo considera cooperador necesario de un delito continuado de cohecho. El relato de hechos le recrimina que firmó obras a sabiendas de que no se hacían y amparó las irregularidades que cometían sus subordinados y amigos. El principal beneficio directo que obtuvo de ello es procurar trabajo a su hijo.

No será su primera vez en prisión. En 2011 estuvo como preso preventivo; salió tras 42 días, después de que sus amigos hicieran una colecta para reunir los 100.000 euros de una fianza que, ahora, todo indica que perderán. El exconsejero está condenado al pago de una multa de 400.000 euros. La Justicia embargará su cuentas, pisos y fianza. De lo que ha quedado libre es de tener que indemnizar al Principado.

Su exnúmero 2, Otero Rebollada, celebró en mayo los 75 años y logró que el Tribunal Supremo le rebajara sustancialmente la condena. Se ha quedado con cinco años y cinco meses de prisión por un delito continuado de prevaricación, cooperadora necesaria en otro de falsedad en documento oficial, uno más de malversación de caudales públicos y otro de cohecho. Su pecado habría consistido en tramitar contratos ficticios a cambio de regalos de los empresarios. También pasó por la prisión al inicio del caso; estuvo 176 días y salió tras dejar una fianza de 200.000 euros. La sentencia definitiva le absuelve de una multa de 1,5 millones pero debe reponer fondos al Principado.

Marta Renedo tiene por delante la estancia más larga. Se la condenó a nueve años de prisión por malversación, cobrar sobornos, prevaricar y falsificar documentos oficiales. Básicamente usó el nombre de otras mujeres y una empresa ficticia para desviarse fondos de las consejerías de Servicios Sociales, Cultura y Administraciones Públicas. Ya estuvo en la cárcel como presa preventiva, 224 días, tiempo que ahora le será descontado del cómputo. Lo mismo cabe decir de Riopedre y Otero.

Para los empresarios, en cambio, será la primera vez. Estuvieron detenidos en el calabozo pero la primera instructora de la causa, Ana López Pandiella, les dejó libres tras depositar fianzas de 300.000 euros cada uno. Víctor Muñiz tiene 70 años y, ahora, una vez perdido Igrafo, afronta cinco años y dos meses por malversación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Su abogado defensor pelea en los tribunales para librarle de otra condena por delito fiscal de otros cinco años. La estancia de Alfonso Sánchez se presume más breve, por lo menos en lo referente al pleito principal. Su condena en este asunto es de dos años y ocho meses, la menor de todas, si bien tiene otra por delito fiscal de siete años y nueve meses.

El horizonte inmediato para todos es ahora el mismo. Salvo cambio de última hora, el lunes recogerán los mandamientos y tendrán que ir a prisión. Antes se permitía llegar con sábanas y mantas propias, ahora no. Las dimensiones reducidas de las celdas obligan a poner restricciones. La dirección permite traer 44 prendas de vestir, cómputo del que está excluida la ropa interior. Se recomiendan chanclas para las duchas.

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