El Principado tiene un mes para decir qué dinero pide que le devuelvan

La orden de prisión afecta a los cinco principales condenados debido a que su condena supera los dos años. Esa barrera hace difícil que eludan el ingreso en el centro penitenciario. Pero hay otros tres condenados: el empresario Maximino Fernández (al que el Tribunal Supremo dejó con un año de prisión y multa de 1.800 euros), Antonio Azorín (absuelto del delito de fraude, pero con ocho meses de prisión y multa de 2.520 euros) y Francisco Javier Juárez (con multa de 1.440 euros). A los dos primeros la Audiencia Provincial les da ahora margen para solicitar que se suspenda su pena.

A los condenados con multa se les otorga diez días para pagar. Además de los citados, Marta Renedo debería abonar por esta vía 480.000 euros; José Luis Iglesias Riopedre, 400.000; Víctor Muñiz, 1,5 millones; y Alfonso Sánchez, 1,9. Sobre Renedo, además, la Audiencia Provincial ordena utilizar los fondos que tiene embargados para saldar las indemnizaciones a las dos mujeres cuya identidad suplantó, y a las que adeuda como compensación un total de 4.281 euros.

El auto dictado por la Audiencia Provincial pone la primera piedra a una nueva batalla: la de determinar cuánto dinero hay que devolver al Principado. El texto asegura que si no se fijó cantidad alguna hasta ahora es porque en sus conclusiones todas las acusaciones solicitaron dejar el debate para esta fase de ejecución.

Llegado el momento, los magistrados entienden que la Administración regional puede pedir indemnización a Marta Renedo, María Jesús Otero, Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez por los perjuicios causado. Por ello, da un mes de plazo al letrado del Principado para que fije la cantidad y las pruebas que lo sustentan. La decisión de oír en primer término a la Administración le impide asumir como propio el criterio que exponga la Fiscalía, posición que venía adoptando en todo el proceso.