El Principado, eufórico: «El impulso de la obra pública ha terminado con los andamios en Asturias»
El consejero actualizará el precio de la vivienda protegida con tres condiciones: que la subida quede por debajo de la de los salarios, se hagan más edificios y se apruebe la nueva ley para el sector
Caso real: una maestra acaba de obtener plaza en Benia de Onís, pero al acudir a buscar dónde vivir, tropieza con una realidad. «Casi todas ... las viviendas las reservan a alojamiento turístico, no quieren alquiler de temporada porque ganan más con los fines de semana y vacaciones», lamenta. El problema se repite en buena parte de los concejos de Asturias, y para hacerle frente el Gobierno autonómico está por un lado endureciendo las condiciones a los alojamientos turísticos y por el otro hace una apuesta por la vivienda pública de tal calibre que, junto al resto de obra pública, estaría poniendo al sector al límite. «Lo que nos dicen los constructores es que no hay andamios ya en Asturias, que tienen que ir a buscarlos a Cantabria y León por el impulso de la obra pública que estamos haciendo», aseguró hoy Ovidio Zapico, líder de IU-Convocatoria y consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda.
El consejero respondía así a la diputada del PP Susana Fernández Ares, quien le demandó que liberalizara suelo para construir vivienda protegida. «Es lo que me faltaba, poner suelo público a disposición de los constructores», rechazó Zapico. La parlamentaria le instó a hacer caso a los empresarios, «porque son los que mejor saben cómo solucionar el problema de la vivienda», y le urgió que subiera el precio del módulo que la vivienda protegida, esto es, el techo que marca la administración para su alquiler o venta. «Hay que adaptarlo a los convenios, como pide la patronal CAC, es imposible hacer más vivienda protegida al precio actual», recriminó Fernández Ares.
Zapico recordó que hace ahora un año en el acuerdo de concertación con patronal y sindicatos su Ejecutivo se comprometió a «revisar» ese módulo, y anticipó la propuesta que hará a los constructores en esa negociación: que la subida del precio sea inferior al alza que han experimentado los salarios desde enero de 2023 y que se apruebe el proyecto de ley de vivienda que impulsa (y que la patronal rechaza). Además, si el sector quiere acceder luego a una nueva actualización de precios, la quiere dejar condicionada a que se cumplen una serie de objetivos de construcción de vivienda protegida.
«Ellos plantean una subida de entre el 25 y el 40% y yo les voy a decir que no subirá más de lo que han subido los salarios desde la última revisión, hace dos años», indicó Zapico.
El PP, a través de José Agustín Cuervas-Mons, le pidió que actualice la información sobre la constructora semipública Sedes. El consejero explicó que se ha pactado ya la salida de diez trabajadores y liquidado el 50% de la deuda con proveedores que se arrastraba, con lo que dio por conjurado el riesgo de concurso de acreedores. En lo inmediato se cerrará la compra de las acciones que están en manos de Liberbank y el mes que viene se convocará la plaza para seleccionar a un gerente. El siguiente paso sería tramitar una ley para convertir a Sedes en 100% pública. «Soy optimista», dijo Zapico.
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