Desmantelamiento de Alcoa en Avilés

La Audiencia Nacional propone juzgar a la cúpula de Riesgo por la quiebra de Alu Ibérica

También se declara el archivo de la causa contra Alcoa Inespal España, además de cuatro de sus directivos (Christine Keener, Álvaro Dorado Baselga, Kai Rune Heggland e Ignacio León Moro). La jueza considera que se encuentran exentos de responsabilidad en lo sucedido en las dos fábricas. El sobreseimiento libre de estas personas se esperaba a raíz del acuerdo transaccional firmado con los trabajadores de ambas factorías.

La decisión no es firme y las partes pueden presentar recursos contra el criterio judicial. Además, tanto la fiscalía como las acusaciones particulares aún personadas disponen de un plazo de diez días una vez reciban la notificación del auto para solicitar la apertura de un juicio formulando un escrito de acusación o pedir el sobreseimiento del proceso. Además, se podrían solicitar nuevas pruebas, aunque se debería justificar la petición.

Para la jueza, los ocho procesos se coordinaron de manera estable, formando una organización criminal, uno de los primeros delitos que les imputa. No es el único. Según su criterio pueden haber cometido delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales, insolvencia punible y blanqueo de capitales, entre otras figuras penales.

Aunque todas estas figuras aún están pendientes de definirse en el futuro juicio penal, la resolución judicial plantea la concatenación de una serie de irregularidades que terminaron con la quiebra de Alu Ibérica y el despido de sus plantillas en Avilés y La Coruña.

En el repaso de los hechos, considera que la primera venta de Alcoa España a Parter Capital fue una operación correcta. Las fábricas de Avilés y La Coruña, cada una bajo una sociedad limitada unipersonal diferente, se vendieron por un dólar americano a Blue Motion Technologies, una sociedad propiedad del fondo de capital suizo Parter Capital.

Posteriormente, se incumplió el acuerdo de venta y Blue Motion vendió por trece millones de euros el 74,68 por ciento de su participación en las dos sociedades responsables de las fábricas de Avilés y La Coruña a la actualmente conocida como Iberian Green Aluminium Company, sociedad constituida expresamente para esa venta y cuyo titula real es Víctor Rubén Doménech, apunta el auto judicial.

Como se recordará, Iberian Green sufrió también un concurso de acreedores, donde se declaró culpable de la quiebra Doménech.

Volviendo a la compra de Alu Ibérica, la jueza considera que la idea de utilizar la tesorería de las empresas para pagar su venta fue diseñada por el propio Doménech y Joachim Magin, contando con la colaboración de Luis Losada, como administrador de ambas sociedades, y Francisco Javier Fernández de Bobadilla Lázaro que aportó sus conocimientos jurídicos.

Sin embargo, la jueza considera que las investigaciones realizadas hasta la fecha demuestran que Rüdiger Terhorst no tenía un conocimiento concreto del modo en el que se resolvió la operación. También se encontró al margen de los movimientos realizados por Joachim Magin, que transfirió cerca de un millón de euros desde las cuentas de las fábricas de Avilés y La Coruña a cuentas suizas.

Para la jueza Tardón, una vez que se consumó la entrada del Grupo Industrial Riesgo en Alu Ibérica, aquel inicio una gestión orientada a la descapitalización y despatrimonialización de ambas sociedades, bien hacia su propio patrimonio personal, bien hacia diferentes sociedades que ellos habían creado. Tan sólo el inicio de la administración judicial, ordenada por la propia María Tardón, paralizó esa gestión irregular, si bien los daños que habían sufrido ya las empresas eran irreversibles y las habían condenado a su quiebra.

Para la jueza, todos los directivos del Grupo Industrial Riesgo procesados en su auto se vieron involucrados en el proceso. Algunos recibiendo beneficios de manera directa, como Alexandra Camacho, con un sueldo muy superior al que podía pagar la empresa en esa situación, además de poder cargar a la compañía gastos personales. Diego Peris, como titular de Logiplus y administrador de Grupo Industrial Riesgo, se benefició de los contratos que se derivaron hacia Logiplus, con costes por encima de mercado, apunta la resolución judicial.

Por último, se alude a las operaciones con criptomonedas, presuntamente irregulares. Desde el Grupo Industrial Riesgo se desviaron esos ingresos ilícitos hacia la compra de criptomonedas para luego volver a cambiar en dinero efectivo. La participación de Antonio Fernández y Eduardo Julio García provoca su posible responsabilidad penal, apunta la jueza.