La dirección de Alu Ibérica tiene previsto apagar la planta de reciclado desde hoy

Según ha podido saber este periódico, Sergio Aragón, que figura como manager de operaciones en el organigrama de las sociedades intervenidas, se presentó por la mañana en las instalaciones de la planta de Alu Ibérica de Avilés. Su intención era solicitar los manuales de la planta de reciclado de la antigua Alcoa, pero también comunicó la intención de la empresa de apagar la instalación a partir de hoy lunes. Esto no supone grandes cambios ya que hasta ahora la actividad de reciclado era mínima al carecer de materia prima.

Sergio Aragón Espallargas, consta como 'Operational Manager' de ambas plantas de Avilés y La Coruña, con una nómina de 12.005,67 euros netos mensuales con cargo a la sociedad Alu Ibérica LC. En la entrevista mantenida con los interventores judiciales personados en la fábrica de La Coruña el 13 de mayo, Aragón manifestó que fue contratado un mes antes del citado encuentro, y aseguró «que no tenía acceso a las aplicación informáticas de gestión de las sociedades, que no tiene ningún poder de representación otorgado, que no conoce ni siquiera la cantidad de materia prima que va a llegar al día siguiente a las fábricas» y manifestaciones similares de las que se desprende, a juicio de esta intervención judicial, «que existen indicios de que esta persona no está realizando un trabajo que justifique una retribución tan elevada ni estaría asumiendo ninguna responsabilidad acorde con dicha retribución».

Mientras, la jueza titular del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ultima el proceso para decretar la administración judicial de Alu Ibérica. El informe de los interventores desvelado por este periódico, que refleja una serie de irregularidades en la gestión y el desacato de los gestores del Grupo Industrial Riesgo al auto de intervención judicial, ha sido el detonante de una medida que el comité de empresa de Alu Ibérica viene reclamando desde marzo. Entonces la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizó un registro de las plantas de Alu Ibérica en una operación que también afectó a Alcoa y el Grupo Industrial Riesgo dentro de las primeras diligencias decretadas por María Tardón al iniciar la investigación de la denuncia penal presentada por la Confederación de Cuadros y Profesionales por un presunto delito de estafa, entre otros, por la venta de ambas factorías. Posteriormente, todos los sindicatos del comité se adhirieron al proceso penal.

Este miércoles, día 30, es una jornada clave con la comparencia ante la magistrada. Las partes deberán expresar su opinión con respecto a la administración judicial y, si están de acuerdo, plantear una propuesta sobre la persona o personas que puedan ser las más adecuadas para ejercerla, ya que implicará el control total de la compañía por un espacio determinado de tiempo y bajo supervisión de la magistrada.

Los informes de la intervención desvelaron la existencia de prácticas por parte del Grupo Industrial Riesgo que pueden provocar la despatrimonialización de la empresa, como los altos sueldos a sus directivos o la concentración de todas las contrataciones externas en una sola empresa, Logiplus, provocando un aumento de los costes. A ello se une la opacidad en la gestión, la ausencia de información sobre la situación financiara y el incumplimiento de los principios de la intervención judicial.

El comité de empresa de Alu Ibérica ha solicitado al representante del Ministerio de Industria que este miércoles solicite a la jueza María Tardón que nombre a técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como administrador judicial de la empresa.