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El gerente, el responsable de producción y la responsable de la oficina técnica y de seguridad de una empresa de Gozón acusados de homicidio imprudente por la muerte de un trabajador en septiembre de 2022 reconocieron ayer los hechos y alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, evitando así la celebración del juicio en el Penal nº2 de Avilés. Cada uno de ellos aceptó una pena de prisión de veintitrés meses (ocho por un delito contra la vida y salud de los trabajadores y quince por un homicidio imprudente) y una multa de nueves meses con una cuota de seis euros al día. En el caso del gerente la cuantía ascendió a ocho euros al día.
El accidente mortal tuvo lugar el 16 de septiembre de 2022 cuando un operario de producción, especialista en transformación y manipulación de plásticos, llevaba a cabo un cambio de contramolde en la máquina termoformadora y, al no poder ajustar un mecanismo de sujeción o guía, se introdujo en la misma. Dada su altura y corpulencia, lo hizo subiendo por una escalera de tijera, quedando su cuerpo entre el bastidor móvil superior y el bastidor fijo superior. En ese momento se soltó un manguito del circuito neumático, de modo que al salir el aire del mismo, la máquina vibró y se puso en marcha, subiendo el bastidor móvil superior hasta su posición final. De tal manera que el trabajador quedó atrapado y sufrió una aplastamiento craneal.
Según la Fiscalía del Principado, no había recibido la información y formación precisa para desarrollar dicha actividad. Tan solo se le había dispensado un curso genérico sobre prevención de riesgos laborales de dos horas y otro sobre el empleo de distintas máquinas. La máquina no tenía manual de instrucciones ni la empresa había elaborado un manual de uso, «con lo que el trabajador no disponía de un procedimiento de trabajo seguro ni para desarrollar su actividad habitual en el empleo de la termoformadora ni para subsanar las deficiencias que pudieran producirse».
Además, la máquina no se encontraba homologada pese haber transcurrido el plazo para su adecuación al Real Decreto 1215/97 y se habían realizado intervenciones posteriores sobre la misma que no garantizaban la seguridad de los trabajadores.
Los condenados, además de las penas de cárcel y la multa, tendrán que indemnizar al Sespa y a Bomberos de Asturias en concepto de responsabilidad civil y por unas cantidades aún sin determinar de las que se hará cargo la compañía de seguros de la empresa.
Dado que la pena de cárcel de ninguno de los tres supera los dos años, se solicitó su suspensión y no entrarán en prisión por este accidente mortal.
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