La Secretaría General del Ayuntamiento de Gijón dictamina que el acuerdo con la FIFA es «vinculante»

El documento señala que «ante la ausencia de un compromiso jurídico por parte del resto de los firmantes del protocolo de intenciones (dado que dicho protocolo no tiene naturaleza de compromiso jurídico y está sin desarrollar) el Ayuntamiento estaría asumiendo obligaciones sin tener determinada su participación en el marco de dicho protocolo y la instrumentalización de tal participación, sin que se haya concretado la cuantificación económica de dichas obligaciones y, lo que no es menos importante, sin una estimación de recursos financieros».

«La suscripción de los documentos objeto del presente informe implicaría asumir, a su vez, en solitario los posibles incumplimientos y responsabilidades ante el ente ordenador y regulador del evento», refeja de manera clara el informe de la Secretaría General.

Este informe elaborado por los altos funcionarios del Ayuntamiento coincide, por tanto en el que ha sido eleborado por los servicios jurídicos sobre la firma del acuerdo con la FIFA y cuyo contenido ha sido publicado hoy en exclusiva por EL COMERCIO.

El documento de la Secretaría General también acusa la ausencia de planificación económica del proyecto. «Tampoco consta la tramitación de ningún expediente, o documentación obrante en expediente alguno, por el que se establezca una estimación de los recursos financieros para el cumplimiento de todos los requisitos relacionados con la remodelación del estadio, incluidas las instalaciones temporales», advierte. «Es una información que debe ser remitida obligatoriamente a la FIFA», señala el informe.

El informe hace referencia al caso de Zaragoza y pone de manifiesto las cosas que se hicieron mal en la capital maña. Dice textualmente que: «El Ayuntamiento ya sacó a licitación el 5 de abril de 2023 el otorgamiento de un derecho de superficie destinado a equipamiento deportivo privado, previa modificación de la normativa urbanística (modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana) como es preceptivo, con la finalidad de que el adjudicatario redacte un proyecto para la construcción del nuevo estadio de fútbol («La Nueva Romareda») para aspirar a ser sede del mundial de fútbol de 2030. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por acuerdo 62/2023 de 29 de junio, declaró nulo el procedimiento de licitación porque para su consideración como contrato privado excluido de la Ley de Contratos del Sector Público se debería haber determinado en el expediente de contratación que el importe de la valoración de las obras dentro del valor estimado del contrato no superaba el 50% de las prestaciones de carácter privado».

Entre las conclusiones de este informe se señala que: «lo cierto es que los compromisos que obran en los mismos, con independencia de cómo éstos se instrumentalicen, una vez suscritos por la representante legal del Ayuntamiento con la previa autorización del órgano municipal competente en su caso y reconocidos como tales compromisos por un ente regulador y ordenador de una competición de fútbol a nivel mundial, forman parte de un marco vinculante y jurídico tal y como recoge expresamente el reglamento de la FIFA».

El informe de los servicios jurídicos concluye que la rúbrica del documento con la FIFA es «vinculante y exigible» una vez que el Ayuntamiento lo firme, lo que viene a avalar la negativa del Gobierno a hacerlo mientras el Sporting no le presente el plan de financiación de todo el proyecto mundialista, algo que no parece que vaya a suceder en los próximo días. El club y el Ayuntamiento se reunirán esta tarde en El Molinón, con personal de la Federación Española de Fútbol como mediadores. La intención del Sporting es mantener con vida la candidatura gijonesa al Mundial 2030, que sin la firma por parte del Ayuntamiento en el documento de acuerdo con la FIFA habrá finalizado su recorrido. El Gobierno local insiste en reclamar al club el plan de financión, cuya ausencia también señala como un problema con posibles consecuencias para la ciudad, el informe jurídico.

En las últimas horas, el Partido Popular de Gijón, que gobierna en coalición con Foro Asturias, por boca de su presidente, el senador Pablo González, se ha sumado a la petición del PSOE de firmar el documento para que la ciudad siga con opciones de ser sede.