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El Gobierno del Principado presume de tener las «deducciones estructurales más potentes» del Estado e, incluso, de que otras comunidades podrían estar ya tomando buena nota de algunas de ellas, como la establecida para la captación de talento, las que se aplican para el apoyo de las familias o la «absolutamente pionera» que permite a los menores de 35 años deducir sus gastos vitales hasta los 2.000 euros. Lo hacía el propio consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante un encuentro con la redacción de EL COMERCIO en plena campaña para la declaración de la renta.
El también portavoz del Gobierno defendió la llamada vía fiscal asturiana e hizo un repaso de las principales novedades para esta campaña, como la citada deducción para los jóvenes, pero también el aumento de la deducción por el cuidado de menores de 25 años o la puesta en marcha para garantizar el acceso a la vivienda digna. Medidas todas ellas que se unen a las ya existentes, como las que se pueden aplicar en los concejos de riesgo de despoblación o las relacionadas con el retorno y la atracción de talento. Desde la Consejería de Hacienda se calcula que su impacto económico estaría en torno a las 70 millones y que afectará a unos 120.000 contribuyentes. Eso sí, se advirtió de que estas deducciones no aparecen por defecto en el borrador de la declaración de la renta, por lo que Peláez incidió en la importancia de la campaña divulgativa que su equipo viene realizando en las últimas semanas e instó a los ciudadanos a informarse para poder beneficiarse de todas estas deducciones que, insistió en varias ocasiones, son «proporcionalmente las más potentes del Estado».
Peláez también abordó durante el desayuno informativo organizado por EL COMERCIO en colaboración con Unicaja la reforma fiscal presentada recientemente por el Gobierno regional. A preguntas de los máximos responsables de la sección de Asturias y Economía, Daniel Fernández y Noelia Erausquin, el consejero justificó la necesidad de «ajustar» el sistema tributario tras analizar la nueva situación económica y comprobar las nuevas perspectivas de crecimiento. Defendió que su propuesta «beneficia especialmente a las rentas de menos de 35.000 euros». Para ello, detalló, se prevé una rebaja del primer tramo autonómico y una subida en el cuarto tramo con la que se «neutraliza el efecto de la rebaja fiscal« a partir de los 55.000 euros. Esto es, aclaró, a partir de ese umbral de ingresos los contribuyentes »no se benefician de ninguna rebaja fiscal, pero tampoco van a pagar más». Niega por lo tanto haya, como critica la oposición, una «subida fiscal oculta». El Principado, eso sí, exigirá un «esfuerzo extra» a los contribuyentes que ingresen más de 175.000 euros anuales.
Con todo, se calcula un impacto en las arcas autonómicas de 38 millones que se prevé que pueda quedar compensado por la previsión de crecimiento económico que existe para los próximos años y, por lo tanto, sin poner en riesgo el mantenimiento de los servicios públicos. Algo que, en su opinión, sí ocurriría con la reforma del IRPF planteada por el PP «que beneficiaba precisamente a las rentas más altas» y que tendría un coste recaudatorio de 70 millones de euros. «Ahí ya sí estaríamos poniendo en riesgo la suficiencia para la mejora del Estado del bienestar y de la inversión productiva», alertó.
Guillermo Peláez discrepó en relación con las conclusiones del último informe del Instituto de Estudios Económicos encargado por la Federación Asturiana de Empresarios que asegura que Asturias «presenta una de las presiones fiscales más elevadas de España, lo que puede generar desincentivos a la inversión, fomentar la deslocalización de talento y empresas y lastrar la capacidad de crecimiento del tejido empresarial». El consejero, ante la atenta mirada de la presidenta de la patronal, María Calvo, argumentó que «la fiscalidad empresarial es la misma para toda España» y puso como ejemplo el interés de empresas como Amazon por Asturias. «Se instaló aquí en Asturias y la fiscalidad no fue un problema», anotó. De hecho, dijo no tener constancia de deslocalizaciones de empresa «y mucho menos por un tema fiscal» aunque, para justificar las quejas de los sectores empresariales que hablan de «infierno fiscal», sí aceptó diferencias en el impuesto de Sucesiones. «Las comunidades del PP aplican una bonificación del 99% que no discrimina el tamaño del patrimonio heredado y por tanto beneficia más a quienes más tienen. Nosotros tenemos un modelo distinto por el que el 99% de las herencias directas no pagan en Asturias y sólo paga el 1% que más hereda. Quizás ésa es la diferencia y quizás eso explica también cierta hostilidad», espetó.
En todo caso, el también portavoz del Gobierno advirtió del peligro de que esas quejas y el relato de que Asturias es «territorio hostil», con el que discrepa, cale fuera de nuestras fronteras. «Entonces sí que podemos hacer daño a la competitividad de Asturias», alertó.
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