El plan de reestructuración de Duro Felguera incluye un drástico recorte de plantilla

La ingeniería está en un estado crítico a nivel económico, tratando de encontrar fórmulas para garantizar el pago de las nóminas de junio y, al mismo tiempo, seguir operando. Precisamente, en este contexto se enmarca el acuerdo alcanzado entre Duro Felguera y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para reestructurar la deuda de 120 millones de euros que la firma asturiana mantiene con el organismo público. Su objetivo es caminar hacia la «viabilidad financiera» del grupo.

A ello se suma la «actitud positiva» por parte de los máximos accionistas de la compañía, Prodi y Mota-Engil, que según fuentes cercanas a la operación, además de Martínez Pastor, han reconsiderado su postura de no aportar más capital, ya sea directamente o a través de un socio. Un giro al que se une también la predisposición por parte de la SEPI a conceder avales para poder optar a nuevos proyectos.

En cualquier caso, si se logra evitar el concurso de acreedores –hoy vence el plazo de la prórroga ordinaria–, la compañía resultante será completamente diferente a la actual, redimensionada y sin algunos de sus activos, como El Tallerón, cuyo traspaso a Indra para fabricar blindados –que incluiría a los más de 150 trabajadores de la planta– aún no está cerrado. Es más, entre las opciones que se manejan está también la de realizar una escisión que separe por un lado el negocio de proyectos ‘llave en mano’ (EPC), una división en la que Prodi y Mota-Engil siempre han estado muy interesados, puesto que consideran clave el saber hacer de la empresa en esta materia; y, por otro, el de servicios y mantenimiento. Una posibilidad que la cúpula ya planteó a la SEPI a principios de año y que ahora gana enteros.

No obstante, fuentes cercanas a la operación advierten de lo descompensado que podría ser el reparto, con la parte de EPC y renovables sin apenas carga de trabajo, mientras que la de servicios sí podría ser rentable a corto plazo. Dicha división plantearía, además, otro reto por el hecho de tratarse de una compañía cotizada, de hecho la más antigua del parqué español, aunque se descarta que esto pudiera ser un obstáculo insalvable.

Por su parte, el Sindicato de Accionistas Mayoritarios (SAM) considera «muy improbable» que el juez no conceda una nueva extensión del preconcurso: «Damos por hecho que a tal efecto se ha presentado un plan de reestructuración y se ha acreditado la conformidad de los acreedores con la prórroga, que existen avances en financiación, avales, venta de activos deficitarios y existen motivos para cerrar con éxito el proyecto de Djelfa».

El presidente del SAM, Eduardo Breña, subrayó ayer que «si se adoptan las medidas necesarias, que hubiesen sido deseables en el pasado, como la necesaria reestructuración del personal mediante un ERE eficaz, que dimensione adecuadamente la plantilla al negocio actual, todo lo trabajado y aportado por el SAM habrá merecido la pena».

Ahora, la ingeniería debe esperar para conocer si se le concede o no la prórroga y, en cualquier caso, continuar trabajando contrarreloj para tratar de evitar entrar en concurso de acreedores. Todo ello con la junta de accionistas del próximo 27 de junio en el horizonte.