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De todos los desafíos que tiene abiertos Duro Felguera por su supervivencia, el que le enfrentaba a la argelina Sonelgaz era uno de los ... más complejos. Le enfrentaba, en pasado, porque las negociaciones entre ambas empresas han tenido sus frutos y todo apunta a que la compañía asturiana podrá dar carpetazo a un litigio por el que la energética magrebí le exigía 413 millones de euros. Fue precisamente este punto, sumado a la crítica situación en la que se encontraba, el que le llevó en diciembre a solicitar el preconcurso de acreedores. Sin embargo, según se ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ambos grupos han suscrito un memorándum de entendimiento para la resolución amistosa del contrato de la central de Djelfa, del que derivaba la reclamación.
En el documento, Duro cede la finalización de la construcción a una agrupación de empresas lideradas por China Power Engineering & Consulting Group International Engineering. Con ello, se dan por resueltas, de forma «definitiva y amistosa» todas las controversias y litigios existentes.
Explica la comunicación a la CNMV que el objetivo del memorándum es, por un lado, garantizar la finalización de la construcción de la central eléctrica de Djelfa y, en segundo lugar, «la terminación convencional de todas las reclamaciones y litigios existentes entre Duro Felguera y Sonelgaz, con desistimiento por las partes de los arbitrajes en curso».
Ahora se abre un periodo de un mes para concretar los términos definitivos del acuerdo entre todas las partes, la ejecución efectiva de la cesión del contrato, la resolución de las reclamaciones recíprocas y la terminación de los arbitrajes.
Duro Felguera consigue así esquivar una nueva bala que la aboque a la quiebra, aunque está en una situación crítica. Prácticamente, la única oportunidad que tiene de librarse de la quiebra es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) capitalice los préstamos que le concedió mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas habilitado durante la pandemia –fueron tres, dos participativos, por 100 millones, y otro ordinario por 20–. A ellos habría que sumar otro de seis millones del Principado a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP).
Sin embargo, para que la entidad pública dé ese paso le exige un plan viable, algo ya de por sí complejo, pero que aún lo era mucho más con la reclamación de 413 millones de euros por parte de Sonelgaz sobre la mesa. Ahora, una vez salvado este escollo, la compañía debe centrarse en convencer a la SEPI de que tiene futuro. Serán claves para ello las desinversiones que hay sobre la mesa, sobre todo, la venta de El Tallerón, que le permita conseguir una inyección financiera necesaria para seguir operando, ya que las nóminas se van garantizando solo mes a mes, y también las negociaciones con las entidades bancarias, muy reacias a apoyar nuevamente a una empresa que les ha hecho perder millones de euros.
El contrato de Djelfa se remonta once años atrás, a febrero de 2014, aún en la etapa de Ángel Antonio del Valle al frente de la compañía. En aquel periodo se firmaron grandes proyectos que después resultarían un fiasco y que llevaron a la empresa al borde de la quiebra, como los de Termocentro, en Venezuela, que aún colea en los juzgados por el pago de presuntas mordidas al régimen chavista y por un conflicto con Hacienda por el pago de impuestos; el de Vuelta de Obligado, en Argentina, tremendamente afectado por la inflación del país, o el mastodóntico de Roy Hill, en Australia, que también finalizó en arbitrajes. El argelino estuvo marcado por los desencuentros que se fueron complicando con el tiempo. En 2019 y 2020, Duro Felguera ya presentó sendas reclamaciones -una por 65 millones y otra por 113-, ya que «desde el inicio de la ejecución se vinieron dando diferentes incumplimientos por parte de Sonelgaz». En plena pandemia, la empresa asturiana notificó la suspensión del contrato, como situación de fuerza mayor, pero Sonelgaz rechazó este extremo, y aunque se retomaron las negociaciones, las aguas nunca volvieron a su cauce. El cambio de posición de España sobre el Sáhara y su desencuentro con el Gobierno argelino tampoco ayudaron. Ya en 2024, la empresa asturiana comunicó la suspensión de los trabajos y comenzó a trabajar en la reactivación del arbitraje, hasta que en noviembre recibió la solicitud de arbitraje presentada por Sonelgaz en su contra, que derivó en la solicitud de preconcurso de acreedores en diciembre.
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