Los contratos malditos de Duro Felguera

Esta misma semana, Duro ha logrado dar carpetazo, al menos provisional, a uno de esos proyectos, el de la central de ciclo combinado de Djelfa (1.200 MW), en Argelia, que se firmó en 2014. Su cliente, la empresa estatal Sonelgaz le reclamaba 413 millones de euros por incumplimiento de contrato y como resarcimiento por los daños y perjuicios por los retrasos acumulados. Ambas compañías han llegado a un acuerdo que ahora tiene un mes para concretarse. La compañía asturiana cede la finalización de la construcción a una agrupación de empresas lideradas por China Power Engineering y, con ello, se dan por resueltos, de forma «definitiva y amistosa» todos los litigios y las controversias existentes.

La solución a este conflicto es una de las condiciones que pone sobre la mesa la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para capitalizar los préstamos que le concedió –fueron tres, dos participativos, por 100 millones, y otro ordinario por 20– y que ahora parece la única tabla de salvación que le queda a Duro. No obstante, no es la única exigencia. La empresa tiene que presentar un plan de viabilidad creíble para que la Administración pública la siga apoyando.

No ayudan en absoluto los frentes que siguen abiertos por otro de aquellos proyectos arriesgados de la época en la que Ángel Antonio del Valle dirigía la compañía: el contrato de Termocentro (1.080 MW), adjudicado en 2009 y que superaba los 1.500 millones de euros. De esa central venezolana se mantienen en los tribunales dos litigios, a lo que hay que sumar los impagos por parte del Gobierno venezolano.

En los juzgados se dirimen dos cuestiones. Por un lado, una disputa con Hacienda por el pago de impuestos de la UTE creada para la obra. La Agencia Tributaria reclama más de 150 millones de euros, pero Duro sostiene un diferente criterio sobre las exenciones de este tipo de empresas en el extranjero. La compañía se agarra a dos precedentes similares que dieron la razón a las compañías, los casos de Isolux y Técnicas Reunidas, que lograron imponerse a las tesis del fisco.

Pero más allá de este asunto hay otro que ha acaparado más titulares, el de las presuntas mordidas recibidas por dirigentes venezolanos para que se adjudicara la obra a Duro. Por ello, será juzgada su antigua cúpula directiva, encabezada por el que fuera su consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, y el expresidente Juan Carlos Torres Inclán, pero también la propia compañía y varios altos cargos chavistas. La Fiscalía cree que las maniobras realizadas son constitutivas de delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Mientras, la empresa tampoco espera que el Gobierno de Nicolás Maduro asuma los impagos que quedaron pendientes de la obra, que superan los 100 millones de euros entre las cuantías adeudadas y los intereses.

Otro contrato de idas y venidas ha sido el de la central rumana de Iernut (430 MW), contratada por Romgaz en 2016, cuando ya se sufrían los efectos de los anteriores y que se consideró, precisamente, de bajo riesgo. Sin embargo, los desencuentros también han sido constantes, con paradas del proyecto, la rescisión del contrato por parte del cliente, la negociación de «una solución amistosa» posterior y nuevos retrasos posteriores. La última noticia es un nuevo acuerdo para terminar la obra y que la central entre en servicio este año.

Y hay otros dos proyectos sin los que no se puede explicar la situación actual. Aunque ambos estén ya superados supusieron un duro golpe al balance y acabaron también en arbitrajes y tribunales: el ciclo combinado de Vuelta de Obligado (800 MW), en Argentina, y el complejo minero de Roy Hill, en Australia, considerado por la propia Duro Felguera como un «megaproyecto».

El primero, firmado en 2012 en consorcio conGeneral Electric, se vio afectado, entre otras circunstancias, por la terrible inflación que sufrió el país, que no estaba contemplada en el contrato, y por la que Duro llegó a reclamar 200 millones de euros. Al final, incluso tuvo que enfrentarse a su socio en un arbitraje.

En cuanto al proyecto australiano, que se remonta a 2013, el principal contratista de la obra, la coreana Samsung, registró unas pérdidas que algunas fuentes cifraron en más de 900 millones. Con el objeto de minimizar el impacto se enfrentó tanto a la empresa que le encargó los trabajos, Hancock Prospecting, como a sus subcontratas, entre ellas, Duro Felguera –previamente, su socia para la obra, Forge Construction Limited, se había declarado insolvente–. Así, Samsung ejecutó avales sobre la asturiana por 88 millones de euros y no reconoció gran parte de su actividad. Finalmente, en 2018, Duro logró un laudo positivo por 38 millones, aunque la asturiana reclamaba casi 200.