El Gobierno negocia con varias empresas para que construyan la planta de DRI que descarta Arcelor

El Ejecutivo central siempre ha mantenido que la producción de acero es estratégica para España y que seguirá habiendo siderurgia integral en el país, una cuestión que se ha puesto en duda, ya que los hornos altos irán perdiendo viabilidad por sus costes ambientales. De ahí que, junto a Arcelor, el Gobierno negociara con la Comisión Europea una ayuda de Estado de 450 millones de euros para abordar la construcción de esa planta de DRI, que permitiría mantener en Asturias la producción de acero virgen –desde el mineral de hierro– mediante un proceso mucho menos contaminante. Sin embargo, esa subvención, que además está asociada al uso del hidrógeno verde, no es suficiente para Arcelor, ya que considera que sus costes de operación no son asumibles y tampoco contará con el suministro de ese gas renovable.

En este sentido, como el tiempo iba pasando y Arcelor no se decidía a aprobar la inversión, el Gobierno central y el autonómico han trasladado en varias ocasiones la posibilidad de que sean otros actores los que construyan y operen esa planta. Pese a ello, tras la decisión de Arcelor de descartar oficialmente su construcción, desde las administraciones se trasladó que «la prioridad» era conseguir que la multinacional construyera un segundo horno eléctrico híbrido en Asturias, una instalación similar a la que se desarrolla en la acería de Gijón para la de Avilés, de forma que no se pierda capacidad productiva y como paso intermedio para hacer más interesante la planta de DRI.

Durante la comisión de Industria, Torró volvió a citar que se actúa para lograr ese segundo horno, pero insistió en las negociaciones para salvar la planta de DRI. «El Gobierno trabaja con otros agentes para producir DRI y que ArcelorMittal, con ese DRI, sea competitiva», recalcó la secretaria de Estado de Industria, para incidir en que «el Gobierno estará ahí para prestar el apoyo necesario». Según sus explicaciones, el hecho de que la empresa no vaya a desarrollar el proyecto no cambia el compromiso del Ejecutivo.

Sin embargo, hay cuestiones que lo dificultan, más allá de convencer a otras empresas para acometer el proyecto. Aunque otros actores estuvieran dispuestos a llevar a cabo la planta de DRI, la ayuda de 450 millones de euros que tiene aprobada la siderúrgica no puede destinarse directamente a esa otra iniciativa, ya que se trata de una «concesión directa» a ArcelorMittal España que fue aprobada por la Comisión Europea en unas estrictas condiciones.

En este sentido, fuentes consultadas por este periódico insisten en que para cambiar la ayuda de destinatario el proyecto tendría que volver a ser examinado por Bruselas. Además, recuerdan que el plazo de ejecución se mantendría en 2026, al proceder de fondos Next Generation, unos tiempos demasiado cortos para empezar casi de cero. España, por tanto, se arriesgaría a perder esa cuantía si pretende seguir la misma vía y otorgar una ayuda directa similar sin concurrencia competitiva.

Igualmente, el presidente del Principado, Adrián Barbón, insistió ayer en Salas en que «nadie habla de perder» esa ayuda, en relación a la posibilidad de que el Gobierno pueda destinarla a otras convocatorias del PERTE de la Descarbonización Industrial para no quedarse sin los fondos. «El ministerio y nosotros mismos estamos trabajando en que esa posibilidad», dijo, sobre la construcción de la planta de DRI, «exista pero con otra empresa». Además, volvió a apelar a Europa para que desarrolle una política industrial que favorezca la actividad local, «o si no todas las empresas de este sector van a pasar por dificultades». Y recordó también que el único proyecto de descarbonización que está ejecutando Arcelor en Europa es, precisamente, el de la acería de Gijón.

Este punto fue otro de los que destacó Torró en su comparecencia. Antes, había sido preguntada por el futuro de la planta de Alcoa en San Ciprián (Lugo), que es la última instalación que puede producir aluminio virgen en España, una vez cerradas las de La Coruña y Avilés. De ahí que hiciera también referencia a la aluminera al asegurar que el Ejecutivo de España está completamente comprometido con el ciclo integral del acero. «Como hemos hecho en Alcoa, será este Gobierno el que dé una solución a Arcelor y lo verán sus ojos», apeló a Llamazares. Estas palabras fueron afeadas por la diputada popular asturiana, que recordó que desde el propio Ministerio de Industria, entonces dirigido por Reyes Maroto, también se prometió que la planta de la aluminera en Avilés se mantendría y ahora «Alcoa esta cerrada y sus 300 trabajadores en casa».

Pese a ello, Torró defendió el trabajo que realiza el Ejecutivo, «de la mano de las empresas y de los trabajadores para encontrar soluciones», una práctica que se ha querido trasladar a la Ley de Industria, «un instrumento de instrumentos», explicó sobre el anteproyecto de la normativa aprobado la semana pasada, «para que empresas tan importantes como Alcoa y Arcelor sigan ancladas en España».