El Gobierno obligará a las industrias que reciban ayudas a mantener su actividad durante tres años

El Gobierno obligará a las industrias que reciban ayudas a mantener su actividad durante tres años
Marieta

Las ayudas estarán supeditadas también al mantenimiento del empleo

EUROPA PRESS

El Gobierno impondrá a las empresas que reciban ayudas obligaciones para que mantengan el empleo y su actividad productiva, según anunció la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha aprobado este viernes un real decreto-ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, en el que se incluye una batería de medidas para ayudar a las empresas electrointensivas a mantener su competitividad y cuota de mercado frente al impacto del precio de la electricidad, entre las que se encuentran la creación del Estatuto de Consumidor Electrointensivo en un plazo de seis meses y la figura de la red de distribución de energía eléctrica cerrada.

Con esta red cerrada de distribución eléctrica disminuirán los costes de energía para la mediana y gran industria. Además, las redes cerradas garantizarán unas condiciones de conexión a la red pública, de manera que esta no quede afectada. «El mensaje más positivo de este real decreto es el apoyo a la competitividad de una industria que crea valor y riqueza y está territorializada y también combate el reto demográfico, la despoblación», ha subrayado Maroto.

La ministra señaló que el Gobierno quiere incorporar a las empresas beneficiarias de este tipo de ayudas la obligación de mantener su actividad productiva por un periodo de tres años, así como un nivel de plantilla del 85%. La ministra destacó que es «relevante» vincular las ayudas a estas obligaciones para «mantener el tejido productivo y dar continuidad» a la industria, evitando así casos de cierres y marchas de empresas una vez expirado el periodo de caducidad de esas subvenciones.

En los últimos meses, el tejido industrial español ha visto como varias multinacional han anunciado el cierre de plantas en el país, como Alcoa, con sus plantas de Avilés y A Coruña, que emplean a casi 700 trabajadores; Vestas con su fábrica de Villadangos del Páramo (León), que finalmente será relanzada por Network Steel; o la cementera Cemex.

Maroto subrayó que esta medida permitirá que las empresas «se arraiguen con el territorio» y que las ayudas concedidas tengan por objetivo «generar y mantener el empleo».

Asimismo, la titular de Industria adelantó que antes de que finalice el año se procederá al pago de las ayudas de compensación de costes de CO2, una de las peticiones de la industria electrointensiva. De esta manera, se desbloqueará la partida de 150 millones de euros que fue incluida en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por esos costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2).

«Días clave»

Respecto al futuro de Alcoa, Reyes Maroto, ha asegurado que los próximos días «van a ser claves» para el futuro de las plantas. Ha asegurado que se está «trabajando» por parte de todas las partes implicadas, aunque reconoció que la solución para el futuro de las plantas «no es fácil», por lo que prefirió ser «prudente».

No obstante, destacó que se ha conseguido que la empresa se siente a la mesa de negociación, en la que también están, además del Ejecutivo, los gobiernos regionales de Galicia y Asturias, los alcaldes de las localidades en donde están las plantas y los sindicatos.

Así, consideró que ahora es necesario que la multinacional siderúrgica «ponga en un horizonte las medidas que podrían evitar el cierre de las plantas». «Hay condiciones para que pueda salir bien y ahora hay que trabajar mucho», dijo.

 

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