El Principado llama a la calma e insiste en que Arcelor sigue su ruta de descarbonización

Roqueñí, además, colocó el anuncio de Arcelor en el «contexto europeo» y recordó que se paralizan todos los proyectos anunciados en el Viejo Continente, también los de Francia, Bélgica o Alemania. Asimismo, aseguró que la ayuda de 450 millones de euros para la factoría no está perdida, sino «en suspenso» hasta que se despejen las incógnitas.

Asimismo, puso el foco en la nueva Comisión Europea y las medidas que va a adoptar, como la revisión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), el precio del CO2 y del hidrógeno o el plan de apoyo a la siderurgia anunciado por el futuro comisario de Industria, Stéphane Séjourné, para sus primeros cien días de mandato.

Desde el principal partido de la oposición, el diputado regional del PP y portavoz de Industria, Rafael Alonso, considera que el anuncio no hace más que confirmar las advertencias de la multinacional, que solo recibió «desprecio y negligencia por parte del Gobierno de Sánchez» a la hora de conseguir una factura energética que satisfaga las necesidades de las electrointensivas. En su opinión, la parálisis del proyecto responde a «un nuevo reflejo de esa desidia del Gobierno de Sánchez y la complicidad del Gobierno de Barbón». Recordó también, que la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, apuntó el verano pasado que pronto habría buenas noticias de Arcelor y se preguntó si entonces estaban mintiendo. Asimismo, cargó contra la «tranquilidad» transmitida desde el Principado.

En este contexto, Delia Campomanes, diputada de Convocatoria por Asturies, pide que se sigan explorando vías para que el acero siga produciéndose en Europa como sector estratégico. Tras considerar esta «una mala noticia para Asturias, para España y para Europa». No obstante, consideró una mera excusa algunos de los argumentos de la multinacional. «En lo que sí coincidimos es en el análisis de la problemática que supone la entrada de acero, en este caso de terceros países, donde no se cumplen los criterios medioambientales, en lo que creemos que está generando un dumping medioambiental», afirmó, y pidió una mayor regulación en la UE.

Por su parte, Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta General, señaló que «era algo esperado», ya que la gran industria se mueve por costes y cuando estos superan a los beneficios, «por mucha subvención que les demos no aguanta su producción y acabará trasladándose». Asimismo, arremetió «contra esta locura ecologista» que proviene de Bruselas y que dispara los costes ambientales cuando hay que competir en mercados globales contra países como China o India, que no los tienen que asumir. «O jugamos a un Estado soviéntico o a una economía de mercado», apuntó Centeno, que también censuró la política arancelaria del Viejo Continente.

Además, el secretario general de Foro, Adrián Pumares, considera que «una subvención de poco sirve si no se habilitan los mecanismos para contar con un precio de la energía que sea competitivo, predicile y estable». Y recordó que los costes energéticos en España y en Asturias son aún más caros que en otros países del entorno, en el que la industria dispone de mayores apoyos. Además, subrayó que se desconoce el efecto sobre el empleo y la producción que tendrá esta decisión y se mostró muy preocupado por su impacto.

Para la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, «es hora ya de que el Gobierno se ponga serio con este tema» y pidió «exigir a Mittal que dé explicaciones de cuál es su plan para Asturies y, fundamentalmente, para la plantilla». Además, apuntó que «puede ser el momento de que este Gobierno plantee ya la nacionalización de Arcelor».