El Gobierno da luz verde a los 172 millones para compensar a la industria por los costes de CO2

Elevar las compensaciones por emisiones indirectas de CO2 era una de las medidas más reclamadas por la gran industria asturiana y el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez por fin le ha dado luz verde. Lo hizo ayer, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 10 de noviembre, con la aprobación de la partida de 172,23 millones de euros. Una cantidad que el secretario general de Industria, Raúl Blanco, había prometido ya en abril, dos días antes de los anteriores comicios generales, durante un encuentro exprés con los trabajadores de Alcoa celebrado en Asturias. Ahora, seis meses después, ese compromiso se materializa y las ayudas llegarán a la 'cartera' de la gran industria antes de final de año.

Este mecanismo, destinado a compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad, estaba inicialmente dotado de 91 millones de euros, pero los elevados costes energéticos que sufre la gran industria y la escalada de precios que la tonelada de CO2 está experimentando en el mercado de derechos de emisión -actualmente roza los 25 euros- llevaron al Ministerio de Industria a actuar, especialmente tras el anuncio de cierre de Alcoa en Avilés y La Coruña y las continuas advertencias lanzadas por las electrointensivas. Entre ellas Arcelor. El precio de la energía es uno de los problemas que afronta en la actualidad la siderúrgica, cuyas plantas asturianas están afectadas por varios recortes y paradas de producción. Pero también el CO2 es un quebradero de cabeza importante, tanto que la multinacional ya ha advertido de que el 15% de lo que produce actualmente en la región no es rentable y prevé que ese porcentaje se eleve hasta el 30% a partir del próximo año.

De ahí que estas compensaciones aprobadas por el Gobierno en funciones sean tan importantes. La medida forma parte de la estrategia esgrimida por la ministra del ramo, Reyes Maroto, ahora en funciones, para rebajar la factura eléctrica de las empresas. Pero no es la única. Tanto su ministerio como el de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, elaboraron de manera conjunta un estatuto para que las grandes consumidoras tuvieran un marco energético más estable y previsible. El borrador del reglamento cayó, sin embargo, como un jarro de agua fría en la gran industria que solo obtendría una rebaja de apenas 2 euros por megavatio hora. Tampoco le gustó a la CNMC, que advirtió de que el estatuto podría incumplir las normas de competencia europeas y el Gobierno no tuvo más remedio que modificarlo. Sigue trabajando en él y aunque no lo aprobará antes de los próximos comicios del 10 de noviembre sí que trasladó a Parter, el actual propietario de la planta avilesina de Alcoa, que permitirá rebajar la factura eléctrica en torno a un 20%, unos 12 euros por megavatio hora.

Mientras este nuevo marco energético llega, el Gobierno optó por elevar la partida de compensaciones indirectas de CO2, la más beneficiosa para la gran industria. El Ministerio de Industria recibió 192 solicitudes que se traducen en los 172 millones aprobados. «Estas ayudas son especialmente importantes en el contexto actual, al no haberse podido aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo por encontrarse el Gobierno en funciones», explicó ayer la ministra del ramo.

No obstante, el Ejecutivo sí que aprobó un paquete de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica de la industria en diciembre del año pasado que obliga a las empresas que perciban estas ayudas a mantener la actividad productiva y a la gran mayoría de su plantilla durante un periodo de tres años desde que se aprueba la concesión.