La SEPI descarta capitalizar la deuda de Duro Felguera y aboca a la empresa a la quiebra

Desde el comité de empresa de la compañía aseguran, no obstante, que «a pesar de ello, al haber un acuerdo sobre la viabilidad de la empresa entre ambas partes, las negociaciones continúan«. En ese sentido, Duro Felguera ha garantizado el cobro de la nómina del mes de mayo y el presidente de la firma, Eduardo Espinosa, se ha comprometido con los representantes de los trabajadores a reunirse con ellos antes de la fecha límite del preconcurso.

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La capitalización de la deuda por parte de la SEPI es una condición necesaria para que Duro Felguera logre la viabilidad económica. A raíz de la pandemia, el organismo inyectó a través del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) 120 millones de euros de liquidez a la centenaria compañía asturiana. La aportación se realizó en dos fases y mediante tres préstamos, dos participativos, por importe de 100 millones de euros, y otro ordinario por 20. El Principado aportó otros seis mediante la Sociedad Regional de Promoción (SRP).

En el seno de la SEPI el temor es que una hipotética capitalización de la deuda siente un mal precedente que puedan utilizar el resto de empresas rescatadas para exigir un trato similar. Además, Duro Felguera no solo ha dilapidado el dinero público recibido, sino también los 90 millones de euros que aportaron los actuales máximos accionistas al entrar en la compañía. Ese es el contexto que ha provocado el alejamiento de las posturas entre el organismo público y la empresa, aunque aún no se descarta la posibilidad de llegar a una solución antes del 11 de junio.

Precisamente este martes el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa del PP para llevar a cabo una auditoría de todos los rescates a empresas que la SEPI realizó durante la pandemia, como el de Duro Felguera, pero también los de otras compañías como Air Europa y Plus Ultra. La Cámara Baja aprobó los cinco puntos de la moción a pesar de que en todos ellos PSOE y Sumar votaron en contra. Además de esta auditoría, el Congreso exige al Gobierno que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realice un informe actualizado sobre los planes de viabilidad de las empresas rescatadas por el Estado durante la contingencia sanitaria y saber su grado de cumplimiento, preservando siempre los datos confidenciales de las compañías.

A esto se suma una propuesta de comparecencia específica anual de la presidenta de SEPI, Belén Gualda, en la Comisión de Hacienda y Función Pública en el mes de junio para informar sobre las empresas participadas y garantizar el control democrático de sus operaciones y nombramientos. Por último, el Congreso pide medidas para reformar «de manera integral» el modelo de gobernanza de la sociedad estatal, basándolo en criterios de «profesionalización, transparencia y sostenibilidad financiera«.