El Ayuntamiento de Gijón exige la «dimisión inmediata» de Nieves Roqueñí como presidenta del Puerto

«Es la salida más digna que puede darle a una institución que no merece este grado de mediocridad y utilización partidista a la que le ha sometido el PSOE de Gijón», argumenta Martínez Salvador, que hace poco más de dos semana ya reclamó, acompañado por el portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, y el director general de Alcaldía, Jaime Fernández-Paíno, la dimisión o el cese de Roqueñí, por el mismo motivo, aunque sin conocer aún el contenido de este informe de la Abogacía del Estado, que la propia Carmen Moriyón, en su condición de vicepresidente de la Autoridad Portuaria, había reclamado por escrito a Nieves Roqueñí el día 6 de junio, sin obtener ninguna respuesta.

El segundo teniente de alcaldesa y edil de Urbanismo considera que «a lo largo de los últimos meses hemos asistido a un engaño; un intento de burla a esta ciudad», en el que considera que han participado varios miembros de la Corporación. «Una vez conocido el informe de la Abogacía del Estado avalando la cesión de la titularidad de la franja al Ayuntamiento, resulta inevitable no recordar a concejales del PSOE negando que existiera tal acuerdo, o a la propia presidenta del Puerto afirmando ante el Consejo Social que el expediente no se había tramitado correctamente», afirmó Martínez Salvador.

En este sentido, el informe de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, desmonta uno por uno los supuestos defectos procedimentales que alegó la nueva dirección portuaria a través de un informe elaborado por un asesor legal externo y que, junto con el elaborado por la Secretaría General del Pleno, se elevó a los letrados del Estado para que se pronunciaran. El resultado es un informe, firmado el pasado 3 de junio, que avala la legalidad del expediente de cesión tramitado.

Jesús Martínez Salvador aseguró que «de no ser por el empeño de este Ayuntamiento, y en especial de sus técnicos, sobre los que el PSOE intentó también sembrar dudas, un proyecto fundamental como Naval Azul continuaría hoy sumido en la incertidumbre y la parálisis». «Afortunadamente, Gijón logró esquivar esa bala», añadió.

«Lo que por desgracia es innegable es que el PSOE ha conseguido degradar una institución como el Puerto en apenas tres meses», concluyó el portavoz municipal.

Para la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, el informe «es una prueba más de que teníamos razón en la posición del equipo de gobierno en esta estéril polémica abierta por la presidenta del Puerto y mantenida incluso días después de contar con dicho informe». «En todo caso, los gijoneses deben saber que desde mi Concejalía hemos seguido trabajando durante todo este tiempo en los contactos con los agentes del sector y con potenciales interesados en instalarse en el nuevo polo empresarial de Naval Azul», apuntó Pumariega.

La portavoz adjunta del PSOE y consejera del Puerto Marina Pineda señaló que «la postura conciliadora de la presidenta del Puerto evitó un procedimiento ante los tribunales que podría prolongarse durante años y en el que un informe de la Abogacía no garantiza el resultado». «Carmen Moriyón ha conseguido que la ciudad pierda una inversión de 7 millones de euros», añadió.

Desde Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, afirmó que «lo que demuestra esta cronología es que la lealtad institucional reclamó desde el principo Roqueñí al Ayuntamiento es justo la que ella no practicó». «El viernes se pone punto y final a una historia que nunca debió de producirse», dijo en relación a la reunión del consejo del Puerto que va a aprobar la cesión definitiva. «Y esperamos que sea un punto de inflexión en la relación del Puerto con la ciudad», añadió el portavoz de IU, que también reclama a Roqueñí que «empiece a demostrar que venía a colaborar con Xixón». «El Puerto tiene muchos debes con la ciudad, empezando por la reducción de la contaminación tanto de la actividad portuaria como de los camiones que acceden por Príncipe de Asturias y en esto debe centrarse, porque esto es además lo que reclaman las vecinas y los vecinos de la zona oeste», apuntó Suárez Llana

Para Olaya Suárez, de Podemos, «la presidenta del Puerto vendió como una decisión salomónica ceder la titularidad de la franja cuando jurídicamente no tenía razón». «Es incomprensible el bochorno al que tuvo que asistir la ciudad durante meses y esperamos que, en el futuro, la colaboración que Roqueñí prometió al asumir el cargo sea una realidad, por el bien de Xixón», añadió.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, calificó la noticia de «escándalo» por «el sorpendente nivel de ocultación y descaro de la presidenta del Puerto». «El grado de contundencia del informe de la Abogacía del Estado es equivalente al tamaño de la manipulación hecha por Roqueñí, a quien solo vemos una salida, la dimisión inmediata», afirmó. «Lo mismo que a su jefe, el señor Barbón, que la nombró queriendo hacer de El Musel otra palanca política para entorpecer el desarrollo de Gijón», añadió.