El Ayuntamiento de Gijón y el Puerto, abocados al enfrentamiento judicial

La reunión, que además ha sido la última entre la cúpula de ambas instituciones, fue algo más breve que la del martes. Una hora después de llegar a la Casa Consistorial, la presidenta de El Musel, acompañada de nuevo por el director general José Luis Barettino y la secretaria del consejo Lucía López, abandonaba el edificio manifestando que la negociación se encuentra en «buena disposición para que los servicios jurídicos, tanto de la Autoridad Portuaria como del Ayuntamiento, analicen los pormenores de la solución que hemos estado discutiendo».

Sin embargo, poco después, el Ayuntamiento emitió un comunicado para reiterar «su firme rechazo a cualquier escenario contrario al acuerdo firmado con la Autoridad Portuaria respecto a la cesión gratuita y definitiva de la titularidad de la franja litoral. Un acuerdo alcanzado con plena transparencia por parte de ambas instituciones y cuya tramitación contó con el visto bueno de hasta dos ministerios».

Tanto Ayuntamiento como el Puerto confirmaron que ahora serán los técnicos los que se reúnan para avanzar en un documento para «informar al consejo que se reunirá el próximo 4 de junio», especificó Roqueñí.

Nieves Roqueñi, sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento confirmara su postura de reclamar la propiedad, contestó que «no hemos hablado de juicios, hemos hablado de acuerdos», «Es esos acuerdos es sobre lo que tenemos que construir para poder tener un documento que podamos llevar al consejo de administración del Puerto».

La solución que aporta el Puerto, tal y como ya había explicado Nieves Roqueñí este pasado martes, es la que de mantener la propiedad de la franja, contemplando la cesión gratuita de su uso, y sumarse como propietario minoritario del desarrollo urbanístico del PERI del ámbito. La postura portuaria, a falta de que confirmación municipal, tendrá como consecuencia la reclamación judicial de la propiedad de ese terreno por parte del Ayuntamiento, mientras en paralelo el PERI sigue su curso, puesto que ya ha sido licitado, a la espera de una resolución en los juzgados sobre la titularidad del paseo litoral.

El Gobierno local, además, asegura que «una vez escuchadas de nuevo las explicaciones de los representantes portuarios, las cuales han ido variando desde que se anunciara su intención de no cumplir con el acuerdo, considera del todo inexplicable la negativa a completar la cesión de la titularidad de la franja litoral y solo aceptará una solución que parta de esta premisa». «En este sentido, el documento presentado hoy por la Autoridad Portuaria continúa negando la base sobre la que se construyó el acuerdo vigente: la cesión de la titularidad de la franja al Ayuntamiento», afirma el comunicado municipal.

También critica el Consistorio que esta voluntad del Puerto a sumarse al PERI «es una consecuencia automática de la negativa a cumplir el acuerdo alcanzado hace apenas cinco meses y en ningún caso es una decisión fruto de una voluntad concreta por parte de la Autoridad Portuaria». Este extremo blindaría la permanencia de la franja litoral como parte del total de un ámbito cuya urbanización definitiva y desarrollo dirigirá el Consistorio, propietario mayoritario del mismo, pero sería como consecuencia de la negativa .

Nieves Roqueñí volvió a explicar que su propuesta de solución recoje «la implicación de que la Autoridad Portuaria, con el 6% que tiene en ese espacio de Naval Gijón, se incorpore en la junta de compensación, que aportemos valor en la urbanización para que en este espacio, mientras se aprueba el plan especial, podamos ayudar al Ayuntamiento a urbanizar esa parcela para prestarla al uso público y ciudadano y en el futuro plan especial aportar también valor a ese proyecto de economía azul», argumentó.

Sin embargo, el Ayuntamiento matiza, en su nota, que «los representantes municipales han trasmitido durante la reunión la predisposición total de que el Puerto colabore en el futuro polo de economía azul y la voluntad de poder atender las necesidades logísticas de la institución con respecto a los terrenos, siempre y cuando ello venga precedido del cumplimiento del acuerdo para la cesión de la titularidad de la franja».

Según la presidenta del Puerto, se trata de un encontrar «un planteamiento que nos permita el acomodo de las dos instituciones y, sobre todo, sin perder de vista que lo que ambas pretendemos es que este espacio sea aprovechado y utilizado por la ciudadanía de Gijón de forma pública y gratuita». «Es en eso en lo que estamos», reafirmó, esquivando de nuevo las preguntas sobre la judicialización a la que parece abocado este conflicto.

Por su parte, el Partido Popular, por boca de la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, lamentó «profundamente» el «empecinamiento» de la presidenta de la Autoridad Portuaria «en enrocarse en su decisión de incumplir el acuerdo de ceder al Ayuntamiento la titularidad de la franja costera de los terrenos en los que se ubicará el nuevo polo empresarial destinado a la economía azul». Para Pumariega esta actitud confirma que «la postura de Nieves Roqueñí nada tiene que ver con el desarrollo de esa zona costera, sino que está protagonizando una actuación política según las directrices del PSOE, sin importarle el perjuicio que causa con ello a los gijoneses».

«Las conversaciones de esta semana demuestran la buena voluntad del equipo de gobierno municipal, pero desgraciadamente se está topando con una inexplicable postura basada en que los acuerdos firmados se pueden incumplir y, por lo tanto, el diálogo que de boquilla se reclama no sirve para nada», añadió la también concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. «Instamos a los dirigentes socialistas, encabezados por Adrián Barbón, a que por una vez antepongan el interés de Gijón y los gijoneses, en lugar de seguir con su cortedad de miras electoralista, y den a Roqueñí una contraorden», manifestó Ángela Pumariega. «Aunque por desgracia, hasta el momento, no dan ninguna muestra de que vayan a rectificar», lamentó.