El Ayuntamiento de Gijón quiere instalar las 49 cámaras de vigilancia de la zona rural antes del verano

Ya se había advertido de que la tramitación no sería sencilla. La concejala remarcó que se está terminado la redacción del pliego que permitirá la licitación de estas cámaras de vigilancia, pero este trabajo «fue muy complicado por todo lo que tiene que ver con la protección de datos y que nos permita poder utilizar las imágenes si es necesario recurrir a ellas».

En total, en la zona rural se instalarán 49 cámaras, tal y como aprobó la Comisión de Garantías de Videovigilancia (habían sido aprobadas en enero de 2023 por la Junta de Seguridad), dependiente del Gobierno central, el pasado 10 de mayo. Estos dispositivos serán instalados en las parroquias rurales de Somió, Cabueñes, Deva, Castiello de Bernueces, Cenero, Santurio, Lavandera, Granda y La Pedrera.

Pero todo el trabajo que ha sido necesario para elaborar estos pliegos también resultará útil para agilizar la instalación de las 24 cámaras de vigilancia que se prevé instalar en la zona urbana y más concretamente en Fomento, Cimavilla y la avenida de Gaspar García Laviana. Aunque Nuria Bravo reconoce que esa tramitación será más ágil, advierte de que «hay que tener en cuenta los tiempos que marca la Ley de Contratación del Estado», por lo que es difícil aventurar cuándo se podrían tener instaladas esta segunda partida de cámaras.

Así pues, parece que se han disipado las incógnitas que planteaban los vecinos de la zona rural por el retraso en la instalación de estos equipamientos. Que se haya aprobado el presupuesto municipal y que los pliegos de licitación estén a punto de terminarse garantizan que se colocarán antes del verano y cumpliendo toda la legalidad. Además, desde el Ayuntamiento de Gijón ya se había advertido a los vecinos que no iba a ser una tramitación rápida debido a todas estas dificultades legales, pero el trabajo nunca quedó paralizado.

Ha sido imposible cumplir el plazo que se había dado a los vecinos de tenerlas instaladas antes de final de año, pero se ha tratado de acortar los plazos todo lo posible. Y el temor vecinal tiene fundamento, ya que en el último año los robos en viviendas habían aumentado en el municipio un 30%. De ahí la urgencia de instalar las cámaras de vigilancia en lugares estratégicos de la zona rural.

Entre tanto, el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional también está dando sus frutos y han sido ya varias las detenciones de miembros de distintas bandas de ladrones realizadas en los últimos tiempos. Eso ha hecho que la sensación de inseguridad en la zona rural haya disminuido, pero los vecinos siguen reclamando mayor presencia policial, incluso con la creación de un departamento de la Policía Local específico para este cometido. Lo que sí se ha implementado es la vigilancia mediante el uso de drones.

Pero tanto estas aeronaves como las futuras cámaras de vigilancia funcionarán en coordinación con la Delegación del Gobierno, la Junta Local de Seguridad, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El presupuesto aprobado en un primer momento para la adquisición de estas 73 cámaras que se instalarán tanto en la zona rural como en la urbana era de 281.266 euros, pero hay que tener en cuenta que de esto hace ya casi un año y es posible que sea necesaria una actualización de los precios.

Se sabrá cuando se saquen a licitación lo pliegos, que se espera sea en breve.