El catastro reconoce al Ayuntamiento de Gijón como el único propietario de la parcela de Naval

De acuerdo con la legislación vigente, «salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos». De igual forma, la ley establece que «cuando los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se incorporará dicha circunstancia junto con su código registral» a la certificación, como así ocurre en la correspondiente a la parcela de Naval Gijón, que la vincula con el Registro de la Propiedad número 2 de Gjión. Además, en este documento, se le otorga un valor catastral al suelo de 2.703.256,92 euros.

El Ayuntamiento siempre defendió que estos terrenos, cuya titularidad el Puerto se niega a ceder gratuitamente desde que tomó posesión la actual dirección, formaron parte de la operación de compraventa de todo el ámbito, con la salvedad de que su tramitación administrativa debió ir en un expediente separado, por su destino a espacio libre de uso público. Ese procedimiento es el que culminó el pasado 11 de febrero con la llegada a El Musel del informe favorable de la Dirección General de Patrimonio que autorizaba a la Autoridad Portuaria, «considerando que se cumplen los requisitos establecidos» en Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a dicha cesión gratuita a favor del Consistorio.

De hecho, el informe de la secretaría general del Pleno que concluye que la Autoridad Portuaria estaría incurriendo en un incumplimiento de contrato, se apoya reiteradamente en que la cesión gratuita forma parte de los pliegos de condiciones de la venta, que fueron aprobados por ambas instituciones y que recibieron el visto bueno de la Abogacía del Estado el 13 de marzo de 2024. Así, el informe deja constancia de que la primera cláusula de esas condiciones, relativa a la descripción del objeto de venta, es la cesión gratuita del resto de la parcela adjudicada de forma directa al Ayuntamiento.

Tanto la junta de gobierno local, el 16 de julio de 2024, como el consejo de administración del Puerto, el 14 de noviembre, aprobaron estos pliegos de condiciones.

La cesión gratuita consta, asimismo, en el expositivo segundo de la escritura pública formalizada el 12 de diciembre ante notario en el Salón de Recepciones municipal, como recoge la secretaría en su informe que, además se apoya en la «reiterada» jurisprudencia del Tribunal Supremo, para concluir en el incumplimiento de contrato por parte del Puerto.

La disputa por esta cesión volvió a protagonizar ayer la reunión del consejo de administración del Puerto, en el que el asunto volvió a tratarse en el apartado informativo, sin que sea necesario someterlo a consideración de los consejeros. Un día después de que se reuniera el equipo directivo del Puerto, sin la presidenta, con una comisión de técnicos municipales sin avanzar en ningún aspecto, la presidenta de El Musel reconoció a los vocales el bloqueo y el «agotamiento» de la institución en este asunto. Por ello, Nieves Roqueñí pidió a la alcaldesa Carmen Moriyón, que también es vicepresidenta del Puerto, que sea el Ayuntamiento el que elabore una propuesta en forma de documento que se someta al visto bueno de la Abogacía del Estado.

En su réplica, la regidora replicó que la intención del Ayuntamiento en este asunto nunca había sido buscar el conflicto ni la judicialización, sino el cumplimiento del acuerdo al que se había llegado con la Autoridad Portuaria. Carmen Moriyón insistió, una vez más, en la satisfacción con la que acogió el ofrecimiento de colaboración de la nueva presidenta en trabajar por la ciudad, pero que no podía hacerse desde la base de incumplir un acuerdo.

La alcaldesa también recordó que desde que supo de los planes de la nueva dirección portuaria ya advirtió de las derivadas jurídicas que podría tener romper ese acuerdo. Respecto a la petición de Nieves Roqueñí de que sea el Ayuntamiento el que eleve un documento a la Abogacía del Estado, Moriyón afirmó que en su intención no está firmar ningún papel que no esté informado y con el visto bueno de los servicios jurídicos y urbanísticos municipales.