La cesión de la franja litoral de Naval Gijón al Ayuntamiento protagoniza hoy el consejo del Puerto
El acuerdo pondrá fin a la polémica desatada por el intento de NievesRoqueñí de revertir lo pactado en la operación de compraventa
El consejo de administración del Puerto de Gijón está llamado hoy a poner el punto final a la polémica que ha desatado un choque institucional sin precedentes ... con el Ayuntamiento, a cuenta de los 3.848 metros cuadrados que conforman la franja litoral de los antiguos astilleros de Naval Gijón, pendientes de cesión al Consistorio desde que la Dirección General de Patrimonio del Estado emitió su informe favorable a la operación el pasado 12 de febrero.
Sin embargo, la llegada de Nieves Roqueñí a la presidencia del Puerto, en sustitución de Laureano Lourido, paralizó la finalización de este expediente con el objetivo de preservar la titularidad de este terreno, generando el choque con el gobierno local, que esperaba la entrega del terreno para dar el pistoletazo de salida a la tramitación del futuro polo tecnológico vinculado a la economía azul que se ubicará en dichos terrenos.
El enfrentamiento por este asunto llegó hasta el punto de que el gobierno local, además de aprobar en una junta extraordinaria dar al Puerto un ultimátum para cumplir el acuerdo, convocó una sesión urgente del Consejo Social sobre Naval Azul, a la que acudió, por primera vez, la cúpula portuaria para explicar, por primera vez en público, su postura.
Tras varias reuniones que acabaron sin avances, Nieves Roquñí anunció el 12 de junio, día que finalizaba el plazo municipal para reclamar judicialmente la franja, que sometería a votación del consejo del Puerto la entrega de la parcela. Lo que no dijo la presidenta de El Musel, es que el 3 de junio, la Abogacía del Estado había concluido un informe en el que avalaba cada uno de los trámites del expediente de cesión y refutaba también, punto por punto, todos los «defectos procedimentales» que alegaba la nueva dirección portuaria en un documento elaborado por un asesor jurídico externo del Puerto. El gobierno local, a la vista del contenido de este informe, ha reclamado la dimisión de Roqueñí.
En esta reunión se someterá a la aprobación de los consejeros la autorización de esta cesión a título gratuito, para dar cumplimiento así a lo acordado entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento en la operación de compraventa de los otros 35.000 metros cuadrados que formaban la totalidad de la parcela y por la que el gobierno local pagó 4.6 millones de euros en diciembre.
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