La cesión de la franja litoral de Naval Gijón supone un coste de 128.000 euros para el Puerto

En esa misma intervención, Barettino también comunicó que, en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Ayuntamiento ya había informado, a través de un escrito remitido el 18 de marzo de 2024 el que aceptaba los términos de la compraventa, que al tratarse de una operación sujeta y exenta de IVA, la intención municipal era no solicitar el ejercicio de la opción de renuncia prevista en la ley que rige este impuesto.

En ese momento, el representante del Organismo Público Puertos del Estado en el consejo, José Antonio Segovia Arroyo, que se estrenaba en este cargo en el que sustituyó a Manuel Ortiz Iglesias-Ussel, intervino para preguntar sobre el coste que la cesión tendrá sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio 2025. José Luis Barettino no pudo facilitar aún dicha información e indicó que «tan pronto como se conozca el importe se informará al consejo».

Esta intervención del director general de la Autoridad Portuaria cerró el turno de deliberaciones sobre este asunto, que inmediatamente después se sometió a la votación del consejo de administración. La cesión de la parcela se aprobó, aunque no fue con el voto unánime del órgano colegiado de gobierno de El Musel. El vocal en representación del Ayuntamiento de Carreño, Manuel Carlos Fernández Antuña, que ocupa la Concejalía de Medio Rural, Pesca y Bienestar Animal, se abstuvo, mientras que el resto de los vocales emitieron un voto favorable.

Finalizada la votación de este punto, a la reunión se reincorporaron la alcaldesa de Gijón y vicepresidenta de El Musel, Carmen Moriyón, y la concejala socialista Marina Pineda, que es consejera del Puerto en representación del Gobierno del Principado. La primera tuvo que ausentarse por indicación de la abogada del Estado María Tormo Theureau, vocal en representación de la Administración General del Estado, por incurrir en conflicto de interés respecto al asunto a tratar. Por su parte, Pineda consultó si debía ausentarse y aunque se le indicó que su situación no era la misma, optó por abandonar también la reunión.

Así, la alcaldesa no pudo escuchar la argumentación ofrecida al consejo por su presidenta, Nieves Roqueñí, que volvió a insistir en la situación de «rechazo total» del Ayuntamiento a «las distintas propuestas realizadas como a trabajar conjuntamente con esta Autoridad Portuaria».

También lamentó y rechazó «la hostilidad y la actuación con malas artes por parte del Ayuntamiento» al acusar al Puerto de ocultar un informe de la Abogacía del Estado, que tal y como publicó EL COMERCIO avalaba la postura municipal en su reclamación de la cesión de la propiedad de la franja litoral.

Tras la intervención de Nieves Roqueñí, tomó la palabra Alejandro Calvo, que quiso expresar la postura del Gobierno regional en este asunto, tal y como se refleja en las actas de la reunión. Agradeció a Roqueñí «el trabajo realizado» y subrayó que «la propuestas previas planteadas eran positivas para la ciudad y para el Puerto y permitían conciliar todos los intereses, con el aprovechamiento de la lámina de agua y el fomento de la relación puerto-ciudad». «Vista la posición municipal», Calvo coincidió en la resolución del expediente y que «se dediquen los recursos al impulso y desarrollo de otros proyectos».