Foro y PP llevan al Pleno de Gijón su rechazo a poner topes al precio de los alquileres en Cimavilla y La Arena

En plena tensión entre el Ayuntamiento de Gijón y la Consejería de Vivienda del Principado de Asturias a cuenta de las medidas que deberían establecerse en los barrios que sean declarados zonas de vivienda tensionada, Foro y PP llevarán la próxima semana al Pleno una iniciativa en la que buscan el rechazo de la Corporación municipal a la posibilidad de que los barrios de Cimavilla y La Arena sean incluidos bajo esa figura legal «sin que medie un acuerdo previo» entre ambas administraciones sobre las acciones a desarrollar para lograr una contención de los precios.

Será la tercera iniciativa que debata el Pleno sobre esta cuestión en lo que va de mandato. En noviembre de 2023 se aprobó con la abstención del gobierno municipal una proposición de Podemos instando al Principado a iniciar los trámites para esta declaración, proceso actualmente ya en marcha. Y el mes pasado el voto en contra de Foro y PP impidió aprobar otra, registrada de manera conjunta por IU y Podemos, en la que se planteaba declarar zona tensionada todo el casco urbano de Gijón.

La iniciativa presentada por Foro y PP –que con el apoyo del concejal no adscrito, Óliver Suárez, cuentan con una mayoría suficiente para su aprobación– centra su argumentación en el rechazo a poner un tope al incremento de los alquileres, como ha planteado el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, amparándose en las herramientas que contempla la actual Ley de Vivienda. En su exposición de motivos recuerdan que el índice de precios de referencia que contempla la normativa estatal «ha dado lugar a seis recursos de inconstitucionalidad ya admitidos a trámite». Y añaden que el Consejo General del Poder Judicial también emitió un dictamen muy crítico con cuestiones como «la incisiva vigilancia de la Administración en el uso de la vivienda por parte de los propietarios».

Señalan además cómo «el sector inmobiliario ha mostrado también su rechazo» tanto a la mencionada ley como al índice de referencia propuesto para controlar la evolución de los precios, «al considerar que contribuyen aún más a la falta de oferta de viviendas en arrendamiento». Y critican también que la Ley de Vivienda «se elaboró contrariando la doctrina económica más elemental y ninguneando a los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, propietarios, inquilinos o promotores inmobiliarios». Advierten en este sentido de que «topar los precios de los alquileres e intervenir el mercado no son soluciones eficaces para bajar los precios. Lo que necesita el sector es combatir el desfase crónico que existe entre oferta y demanda, para lo que hay que activar acciones que incrementen el parque de viviendas, como aumentar la disponibilidad de suelo».

En defensa de su postura, incluyen varios ejemplos donde «fijar precios máximos ha fracasado» como fórmula para la contención de los alquileres. El primero de ellos es Cataluña, «donde los precios se intervinieron por una normativa autonómica que el Tribunal Constitucional anuló parcialmente en 2022» y que mientras estuvo en vigor «supuso una subida del 12,7% de los pisos más baratos, debido a la contracción de la oferta», a lo que se sumó que «muchos propietarios, por la inseguridad jurídica, retiraron sus viviendas del mercado de alquiler y las pusieron a la venta o al alquiler turístico. En Berlín »la experiencia también salió mal, con un precio oficial y otro de mercado, y el desbarajuste dio lugar a contratos alegales y a una reducción de la oferta de pisos del 60%«. En San Francisco »la intervención de los precios en 2019 redujo el número de pisos en alquiler un 15%«. Y en Escocia »hubo un aumento generalizado de los precios antes de la entrada en vigor de la norma que topaba los alquileres« y se paralizaron inversiones en vivienda por 3.761 millones de euros».

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