La Sareb paraliza el desahucio previsto para el 20 de octubre en el bloque de Contrueces, en Gijón

No obstante, los vecinos del bloque son recelosos. «Sin una confirmación real de parte de la Dirección General de Vivienda del Principado no confiamos en cantos de sirena», indica el portavoz del bloque, Pepo González. A pesar de que se paralice el desahucio creen que no habrá avances. «La solución va a ser volver a ofertar los mismos contratos antisociales y, cuando no se firmen, volverá la notificación de desahucio». Es por eso que los once vecinos que se han negado a firmar se sienten «solos y abandonados» por la Consejería de Vivienda, a la que reclaman «que su apoyo se traduza en medidas concretas».

En aquella reunión de febrero con el Principado, Sareb pactó «que los ingresos no superen 4,5 veces el IPREM, ser mayor de 60 años o tener una discapacidad superior al 33%», explica González, que indica que «después, de manera injustificada solo concedían ese estatus de vulnerabilidad a cinco familias del inmueble». Por ello, los vecinos denunciaron el pasado mes de junio que «la Sareb, mediante un burofax enviado, indican que ellos no pactaron con las administraciones públicas tales criterios». Se les propuso entonces dos contratos en función de vecinos vulnerables, que serían cinco y no vulnerables, que son seis.

El contrato de los vecinos vulnerables establece que la renta no supera el 30% de los ingresos. «El problema surge a la hora de actualizar las rentas conforme al IPC. La Sareb actualiza en base a la renta inicial, que serían 800 euros y, así, el segundo año, pagas la renta inicial conforme al IPC y no la bonificada, de 400 euros». En el caso de los no vulnerables, se les propone subrogar el contrato durante un año, «pero está parejo al pago de una deuda de 20.000 euros en concepto de rentas atrasadas desde que la Sareb se hace cargo del edificio en desahucio», señala Gonzalez. «Es un desahucio encubierto, porque los vecinos no tenían relación contractual ninguna con la Sareb», concluye.