La Sareb asegura al Principado de Asturias que no prevé a corto plazo desalojar a las familias de Contrueces

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El consejero explicó que en estos días el director general de Vivienda se ha reunido con los vecinos afectados, la gerente de Vipasa ha mantenido contactos con la responsable de Vivienda Social de la Sareb y él mismo tuvo «una larga conversación telefónica» con el presidente de esta entidad, con quien tiene prevista además una reunión presencial este viernes «para ver si ponemos punto final a toda esta situación». Este encuentro se sumará al ya anunciado también para el viernes por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. La Sareb aseguró a Zapico que «no hay ningún planteamiento de lanzamiento previsto para los próximos meses, y ni siquiera está solicitado». También que la entidad le ha trasladado su disposición a ofrecer a los vecinos entrar en su programa de alquiler social con acompañamiento, una fórmula que tiene en marcha desde 2022 y que suma más de 8.000 contratos en vigor en España.

A través de este programa, la Sareb bonifica el precio del alquiler para que en ningún caso supere el 30% de los ingresos de la familia, si bien a cambio los beneficiarios de esta medida deben participar en un programa de acompañamiento consistente en conectarles con los Servicios Sociales para recibir asesoramiento sobre ayudas públicas a las que tienen derecho. Además, si en el domicilio hay personas en condiciones y edad para trabajar, accederán a un programa de inserción laboral para asesorarles en la preparación de su currículum y derivarles a cursos de formación.

Una de las familias del bloque ya ha firmado un contrato de estas características y el consejero trasladó al presidente de la Sareb que el resto tenían «la voluntad de cumplimentar toda la documentación que sea oportuna para poder hacer ese proceso». Este, sin embargo, aseguró que «no tenían conocimiento de ello, pero que si fuera así estaban dispuestos a valorar todas esas peticiones y corregir el error si se hubiera producido».

La diputada Covadonga Tomé advirtió de que una de las preocupaciones de estas familias es que, si bien consideran cumplir los requisitos para poder negociar un alquiler social o algún ajuste con respecto a lo que venían pagando hasta ahora, «los criterios que usa la Sareb para definir la vulnerabilidad son poco transparentes y no se ajustan a la realidad social». Recordó además que en la actualidad estos inquilinos no tienen dónde pagar el alquiler por sus viviendas, a pesar de que quieren abonarlo. «Que les digan dónde y cómo hacerlo», reclamó.

Zapico aseguró que la consejería que dirige acompañará y tutelará a las familias en la preparación de todos los documentos necesarios para poder acceder a esos alquileres «y canalizará toda la información, trasladándosela directamente a la Sareb para garantizar que lo lee y que revisa sus solicitudes». En este sentido, el consejero se mostró «optimista» y confió en que «la Sareb empiece a tener de verdad un contenido social y deje de parecer un fondo buitre que solo se interesa por los beneficios económicos y no por las personas». Añadió a este respecto que en breve «va a dejar de vender propiedades. Sus viviendas serán traspasadas a Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo) como parte de la nueva política del Gobierno central de impulso a la vivienda pública».