Naval Azul: cuatro meses de espera por 417 metros de costa en Gijón

Aunque si se mide este tiempo en comparación con los retrasos que acumulan otros proyectos por los que Gijón lleva esperando, en algunos casos, décadas en ejemplos tan sangrantes como el del metrotrén, por citar solo uno, la peor parte de este embrollo a cuenta de una línea de terreno que apenas supera los 400 metros, es que la relación institucional entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria ha quedado más que tocada.

La institución que da voz a toda la ciudadanía a través de sus legítimos representantes y el principal actor económico del concejo, propiedad del Estado, es decir, de todos, han llegado a un nivel de enfrentamiento tan grave a cuenta de este conflicto, que habrá que ver si es posible un 'reseteo' que permita volver a empezar, aunque suene a ficción oscarizada.

Desde luego, las declaraciones del portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, tras conocer el resultado de la votación del viernes en El Musel dejan claro que, aunque el Ayuntamiento va a apurar plazos para poner a disposición de la ciudad esos terrenos, la relación con el Puerto está muy tocada.

«Las ciudad ha perdido cuatro meses por decisiones a todas luces incomprensibles e injustificables y seguimos sin saber por qué una institución como la Autoridad Portuaria intentó paralizar un proyecto fundamental como es la regeneración de esos terrenos», afirmó el también concejal de Urbanismo.

Antes de la votación del pasado viernes, el propio Martínez Salvador ya había salido dos veces a la palestra para reclamar la dimisión o el cese de Nieves Roqueñí como presidenta del Puerto. El motivo, la existencia de un informe de la Abogacía del Estado que corrobora la postura mantenida a lo largo de este conflicto por el Ayuntamiento.

Además, es la propia Autoridad Portuaria la que solicita a la Abogacía del Estado la elaboración de este informe, buscando el respaldo al argumentario con el que la nueva dirección portuaria intentó dejar sin efecto el acuerdo de cesión de esa franja litoral al Ayuntamiento.

Para ello, los responsables del Puerto enviaron a la Abogacía dos documentos: el estudio jurídico de la Secretaría Municipal del Pleno y un documento elaborado por un asesor legal externo de la Autoridad Portuaria, con los supuestos «defectos procedimentales» que eran los que Nieves Roqueñí, públicamente, alegó que le impedían completar el expediente y completar la cesión.

El resultado de esa consulta a la Abogacía del Estado se emitió el 3 de junio y su contenido, tal y como publicó EL COMERCIO, no pudo ser más adverso para la dirección portuaria puesto que refuta, uno por uno, todos los defectos alegados por El Musel. Además, la Abogacía, a través de este informe, avaló cada uno de los trámites del expediente que se habían llevado a cabo desde su inicio el 19 de marzo de 2024 por acuerdo del consejo de administración hasta la emisión del informe favorable de Patrimonio del Estado el 11 de febrero de 2025. Desde entonces, todo fue un retraso.