La Sareb niega la condición de «vulnerables» a parte de los vecinos de un bloque que embargó en Gijón

EL COMERCIO desveló en febrero la situación de estos vecinos, en ese momento amenazados de desahucio después de que una sentencia declarara nulos los contratos de alquiler que habían suscrito hace años –la mayoría de los inquilinos llevan entre seis y diez años en el bloque– con el constructor del edificio, antes de que su propiedad pasara a manos de la Sareb por un embargo hipotecario. Después de que su caso saliera a la luz, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos se comprometió a mediar con la entidad para lograr una solución y a tutelar una negociación para que los inquilinos pudieran adherirse al programa de alquiler social de la Sareb, y que sus pisos no fueran vendidos.

Para poder optar a seguir en sus viviendas con un contrato de hasta siete años, los vecinos debían cumplir requisitos que acreditaran su «vulnerabilidad», bien por su nivel de ingresos (menos de 2.700 euros mensuales), por situaciones de discapacidad o por superar los 60 años. «Con esas condiciones, toda la comunidad es vulnerable. Sin embargo, la Sareb nos ha enviado burofax diciendo que no lo somos y que no habíamos colaborado en la entrega de la documentación. A unos les dice que iniciará la vía judicial para recuperar sus viviendas, y a otros les ofrece un contrato de un año para buscar una alternativa habitacional, pero reclama el pago de una deuda de 20.000 euros por rentas desde 2021, pese a que hay sentencias que dicen que no puede cobrar por contratos que quedaron extinguidos».