Un tribunal de EE UU rechaza el uso de una ley de 1798 para deportar a venezolanos
La sentencia concluye que no hay «pruebas de una invasión o incursión hostil» para aplicar la centenaria normal, que Trump recuperó para expulsar del país a supuestos miembros del Tren de Aragua
La política migratoria impulsada por Donald Trump encadena un revés judicial tras otro. El último se lo ha dado una Corte federal de apelaciones, que ... falló el martes contra el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, para deportar a supuestos pandilleros latinoamericanos al no haber «pruebas de una invasión o incursión hostil». El tribunal, cuyo dictamen recibió dos votos a favor y uno en contra, ha vetado su aplicación en algunos Estados del sur de EE UU.
El líder republicano comenzó a utilizar la centenaria ley el pasado 15 de marzo, cuando envió a presuntos integrantes de la banda del Tren de Aragua -la misma a la que pertenecerían los pasajeros de la lancha atacada el martes- en dos aviones a una prisión de máxima seguridad de El Salvador, que se ha convertido en un aliado del plan de deportaciones de Trump. El magnate rescató con esta operación una norma que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito concluye ahora que las autoridades no se pueden basar en esa legislación para expulsar a migrantes de Texas, Luisiana y Misisipi.
El juez que votó en contra de la decisión, Andrew Oldham, consideró que determinar si se cumplen o no las condiciones para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros debería depender de «cuestiones de criterio político», lo que avalaría la actuación de Trump. El presidente de Estados Unidos incluyó al Tren de Aragua y a otras pandillas de Latinoamérica como MS-13 en la lista de «organizaciones terroristas».
El magnate prometió en campaña deportar a millones de migrantes indocumentados y desde que recuperó el poder el pasado enero ha firmado varias órdenes ejecutivas en ese sentido y ha intensificado, además, la vigilancia de la frontera con México. Unas medidas que, sin embargo, se han encontrado con las reticencias de los tribunales. Diversos jueces han bloqueado decisiones como la retirada del estatus de protección temporal a unos 600.000 venezolanos residentes en EE UU, la deportación de 600 menores guatemaltecos no acompañados o las expulsiones rápidas.
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