Asturias, contra un peaje ilegal y gravoso

Estamos ante un tributo injusto y discriminatorio que encarece el viaje a los ciudadanos, incrementa los costes logísticos, daña la competitividad de las empresas y penaliza la conexión con la meseta. Por lo tanto no puede mantenerse durante los próximos veinticinco años a sabiendas de que con él se está vulnerando la ley.

Asturias no merece que el Gobierno de Pedro Sánchez perpetúe una medida tan gravosa. Mientras se negocie un acuerdo el Ejecutivo central debería bonificar el 100% del peaje, evitando que los asturianos tengan que gastar 48 millones cada año por circular por la autopista asturleonesa.

Para acabar con la tasa el Principado ha optado por una estrategia inteligente al recurrir a la Alianza por las Infraestructuras, un ente donde están representados los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y otras asociaciones de la región. Se trata de agrupar a instituciones y ciudadanos en la defensa de los intereses de Asturias. Una dinámica de convergencia que el Principado trasladará también a otros ámbitos más amplios como es la entente con los gobiernos de Galicia (peaje en la AP-9) y Castilla y León (AP-66).

En la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, presidida por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, se han concretado los compromisos: impulsar la movilización política y social, promover iniciativas jurídicas y administrativas para la eliminación del peaje, fomentar la participación de ciudadanos y entidades para que la causa tenga un apoyo amplio en los ámbitos pertinentes y exigir al Ministerio de Transportes que asuma el dictamen de la Comisión Europea y repare, con la supresión de la tasa, el castigo provocado a la región.

El posicionamiento autónomo de Asturias ha provocado una reacción del Ministerio de Transportes, marca ya de la casa, concentrando todos los ataques en Alejandro Calvo por favorecer el discurso «ventajista, cínico y mentiroso del PP» y olvidar la «ambiciosa política de bonificaciones» del Gobierno, cuando la mayor parte del fondo no se ha gastado. Una reacción más emocional que racional que no sirve para ocultar la realidad: la Comisión Europea ya pidió al Gobierno que tome las medidas oportunas para restablecer la legalidad, que en este caso debe pasar por la desaparición de las barreras en la autopista. De no hacerlo, advirtió que podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Aparte de la anomalía que supone rechazar el dictamen de la Comisión Europea, está el daño consciente que se causa a los ciudadanos. Llama la atención que la cúpula del ministerio opte por una respuesta tan negativa en una comunidad donde tiene cuentas pendientes, empezando por los accesos de El Musel, donde desechó una actuación, la del vial de Jove, que ya estaba licitada, con catorce empresas esperando por la adjudicación, sin haber dado más explicaciones que el potencial derrumbamiento de unas casas y el peligro de transportar mercancías por el vial, cuando ya transitan por El Negrón. Lo único cierto es que el vial de Jove tenía 285,7 millones consignados y se esfumaron. Y qué decir del Plan de Cercanías 2017-2025, donde hay muchos contratos en marcha y una desesperante ejecución. Con el ritmo actual gran parte de las actuaciones no quedarán finalizadas hasta superar de largo el año 2030. Hay requisitos europeos que no se han incorporado, como la instalación del sistema de seguridad, ERTMS, en toda la red básica de transporte o adaptar los tramos para trenes de mercancías de 740 metros de longitud. En otras actuaciones, como la estación intermodal de la Zalia, el ministerio no se siente concernido, pese al anuncio del Principado de que financiaría la mitad de la obra, como hace en Cantabria con el polígono logístico en La Pasiega. Por no hablar de otras infraestructuras, como la autovía del suroccidente, donde hay tramos (Cornellana-Salas) cuya primera adjudicación fue en el lejano 2007.

Respaldados por el dictamen de Bruselas los asturianos tenemos la oportunidad de acabar con el agravio del peaje desde la unidad y la movilización. El 17 de octubre, viernes, hay convocada una concentración en la plaza de la Escandalera de Oviedo. Un lugar con una resonancia histórica, como la de aquel 27 de marzo de 1881 cuando se congregaron los asturianos contra la modificación del trazado ferroviario del puerto de Pajares. Una concentración multitudinaria tendría una inevitable influencia en un Gobierno que hasta ahora ha demostrado que solo está interesado en mantener el gravamen sobre el tránsito hacia la meseta, haciendo oídos sordos ante el clamor de la región. Asturias, con la reivindicación sobre el Huerna, tiene ante sí la oportunidad de decir en voz alta que basta ya de tanto agravio y desconsideración hacia esta tierra.