La banca frena una posible venta y reapertura de la planta de El Caleyo en San Claudio

«Tratando de garantizar la continuidad de la empresa o, en su caso, de las unidades productivas, recuperando en todo o en parte los puestos de trabajo perdidos» se «propone, en primer término, la enajenación unitaria» del conjunto de la unidad productiva. El administrador concursal de El Caleyo Nuevas Tecnologías, Pedro Pablo Llavona, propuso al juzgado darse un año de plazo para encontrar un comprador para la fábrica de San Claudio tras su quiebra en junio de este año, teniendo en cuenta que sus instalaciones «son plenamente vigentes» y el escaso tiempo transcurrido desde el cese de la actividad.

Consideraba que podrían recuperarse todos o parte de los 24 puestos de trabajo que mantenía, al cierre la factoría del también presidente de la patronal de la construcción, Serafín Abilio Martínez. También; que la situación de crisis económica restaba atractivo a la venta por lotes; «siendo de sentido común intentar la preservación de la empresa, la cual pese a haber cesado recientemente en su actividad, puede volver a retomarla en cualquier momento con la sola dotación de mano de obra».

Loable, pero los «acreedores con privilegio especial», los bancos con garantías hipotecarias, alegaron contra el plan de liquidación propuesto por el administrador. El auto del

juez se inclina por sus tesis. Califica de «quimérica» la posibilidad de una venta de la unidad productiva cuando no se han recibido ofertas desde que se declaró el concurso en 2012. Remarca, además, el «desapego» que la propuesta ha generado entre la banca acreedora.

Una oferta argelina

Caja Rural, Caixabank, Banco Popular y NovaCaixaGalicia (Abanca) presentaron alegaciones para que se explorasen otras vías para obtener liquidez. La única es una oferta, verbal ante el administrador y por escrito ante el juzgado el pasado 5 de marzo, de una empresa argelina, Groupe de Trabaux Feghouli, que exige respuesta antes del día 16 de este mes. La empresa alega que el desmontaje de la maquinaria es un largo proceso que puede llevar entre 6 y 7 meses y que la legislación argelina impone como límite el 31 de diciembre de este año para la importación de maquinaria usada.

Ofrece como garantía un certificado de solvencia emitido por el Banque de Developpment Local, una entidad argelina, que «aún no traducido al castellano, resulta comprensible para este juzgador», presume el juez en su auto. La propuesta de Groupe de Trabaux Feghouli ofrece 1,2 millones de euros por la maquinaria de la factoría, menos de una quinta parte del valor que le estima el administrador concursal: casi 6,8 millones de euros.

La solución se conocerá este lunes antes de las tres de la tarde, la hora límite que ha fijado el juzgado para que los interesados en comprar la maquinaria de la planta ovetense de prefabricados de hormigón realicen sus ofertas e incluyan un aval por el 15% del importe total.

Si aparece más de un interesado habrá una subasta entre las dos mejores ofertas y en cualquier caso la empresa adquiriente tendrá dos meses para depositar el dinero en la cuenta que le indique el juzgado.

Para el resto de bienes de equipo que no son maquinaria se establecen cuatro meses de plazo para encontrar un comprador. El administrador, al priorizar la venta como unidad productiva de la fábrica, dilataba en exceso el proceso para los intereses de los bancos. Aquí, también el juzgado opta por abreviar la liquidación y fija en seis meses el plazo para lograr un comprador, que en caso de no cubrir la deuda hipotecaria deberá lograr la autorización del juez para cerrar la operación. Transcurrido ese plazo se acudirá a la subasta

Un grupo hundido

El auto del juez deja de lado la preferencia del administrador por la «venta en un solo lote», que consideraba preferible no solo por «la realidad social», sino también como la mejor forma de «satisfacer el interés del concurso». La banca a estas alturas tiene provisionados los créditos fallidos y prefiere ver liquidez antes que seguir enredada en un (otro más) concurso.

En realidad, la mayor parte del conglomerado empresarial de Serafín Abilio Martínez, presidente de la patronal de la construcción, está en estos momentos en concurso de acreedores o, directamente, en liquidación. En 2013 fue la liquidación de Hormigones el Caleyo, la empresa matriz, para la que los administradores también intentaron buscar una enajenación directa de la cantera y la fábrica de cementos.

Aunque matriz del Grupo El Caleyo, era una empresa menor cuando el conglomerado fue a concurso. Tenía un inmovilizado inmaterial de casi 2,2 millones de euros y el resto de sus activos alcanzaban 7,5 millones de euros en sus participaciones y donaciones a otras empresas de grupo. La cifra no cubría, ni de lejos, los 26 millones de euros largos de pasivo. Al solicitar el concurso voluntario, la empresa alegó como causas de su insolvencia la caída de la obra pública y privada, el endurecimiento de las condiciones de financiación y la falta de retorno de las inversiones de capital hechas.

El Caleyo Derivados aportó fondos, a través de distintas fórmulas, a otras sociedades del grupo por cerca de 13 millones de euros, sin lograr retorno alguno. Por ejemplo, suscribió 3,7 millones de euros en acciones en la ampliación de capital de Fontela, la división inmobiliaria del grupo El Caleyo, responsable por ejemplo del ámbito urbanizable de San Claudio Este, sin que esta operación mejorase los resultados de una u otro. Fontela generó pérdidas por 6,5 millones de euros entre 2010 y 2012. San Claudio Este no es sino un prado embargado.