La Audiencia confirma la prisión provisional para los padres de los niños de 'la casa de los horrores' de Oviedo

El matrimonio acusado de mantener retenidos, presuntamente, a sus tres hijos, de entre 8 y 10 años, en la llamada 'casa de los horrores', un chalé de la zona rural de Oviedo, desde diciembre de 2021, continuarán en prisión provisional comunicada y sin fianza. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por los progenitores: un hombre alemán de 53 años y su mujer, estadounidense aunque también con pasaporte germano, de 48. Se les imputan sendos delitos de violencia doméstica con maltrato psicológico habitual y abandono de menores; así como posibles delitos de detención ilegal, castigado este último con pena de hasta seis años de prisión, advierte el auto.

Las defensas solicitaban revocar la prisión provisional al carecer sus representados «de antecedentes penales, no haber mostrado su intención de eludir la justicia y teniendo interés como padres en permanecer en España para recuperar el vínculo con sus hijos». En su lugar, reclamaban que se les impusiera medidas menos gravosas como comparecencias semanales, retirada de pasaporte e incluso la colocación de un localizador electrónico. Para ambos, sus abogados también coincidieron en pedir «su ingreso en un centro hospitalario para realizar una evaluación psiquiátrica» y garantizar un tratamiento a sus patologías. En el caso del padre, inciden, en que puede «tener alterada la percepción de la realidad, por alguna enfermedad o trastorno psicológico, al justificar el confinamiento de los menores y de toda la unidad familiar por temor a contagios, e infecciones».

La Audiencia ratifica la prisión provisional acordada por el juzgado porque en esta fase inicial del procedimiento «es evidente que ha de concluirse la necesidad de garantizar la disponibilidad procesal del investigado y de evitar posibles obstrucciones», por lo que justifica la prisión provisional acordada, la considera adecuada y proporcionada por la gravedad de los hechos que se les imputan».

Unos hechos que, siguiendo el contenido del atestado y las declaraciones testificales prestadas ante la instructora por los agentes que rescataron a los pequeños y por las manifestaciones de las trabajadoras sociales del Principado, apuntan, recoge el auto, a que el matrimonio «ha mantenido durante cerca de cuatro años a sus hijos en el interior del domicilio familiar, con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios» y, prosigue, «poniendo en riesgo su salud física, a lo que ha de unirse la situación de encierro de los mismos y de toda la familia, sin salir a la calle ninguno de los componentes de la unidad familiar salvo para sacar supuestamente basura y recoger los alimentos que adquirían, con consecuencias de previsible y probable carácter grave y de difícil recuperación, privando con ello a sus hijos de forma, que en principio parece consciente y deliberada, de una educación normalizada así como de la asistencia sanitaria y del desarrollo social, esenciales para su formación, causando un maltrato psicológico continuado a sus hijos, menores de muy corta edad, impidiéndoles la socialización con un grave daño para los mismos», expresa el auto.

Todo ello, en una vivienda que se encontraba «en una situación deplorable, con múltiples focos de basura en el baño, en la cocina, en el baño de los niños, al lado de sus camas, en la escalera, así como almacenamiento de múltiples enseres por las estancias de forma totalmente desordenada, que evidencian ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada».

El auto insiste en que «hay indicios racionales de criminalidad» en los padres para fundamentar la prisión preventiva, por lo que «procede mantener la medida de carácter excepcional» ya que su puesta en libertad «puede afectar y dificultar la tramitación» y, además, «se da el riesgo de fuga» dada la gravedad de la pena que se les puede imponer. La prisión provisional es «necesaria y proporcionada», concluye la Audiencia.

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