La Fiscalía pide 25 años y 4 meses de cárcel para los padres de la 'casa de los horrores' de Oviedo
«No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo», sostiene el fiscal
Veinticinco años y cuatro meses de cárcel, entre otras penas y medidas como órdenes de alejamiento e inhabilitaciones para el ejercicio de la patria potestad, y el pago de 45.000 euros en indemnizaciones. Es la pena que la Fiscalía del Principado de Asturias solicita para los padres de la 'casa de los horrores' de Oviedo, el matrimonio alemán que mantuvo presuntamente encerrados a sus tres hijos, de entre 8 y 11 años, en una vivienda de la zona rural ovetense desde 2021. El fiscal, que ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, les acusa de sendos delitos de violencia psíquica habitual y detención ilegal.
El relato del Ministerio Público es duro. El fiscal sostiene que desde el mes de diciembre de 2021 y hasta el 28 de abril de 2025, la madre, de nacionalidad estadounidense, y el padre, de nacionalidad alemana, convivieron en una localidad del municipio de Oviedo en una vivienda unifamiliar con sus hijos menores de edad (uno nacido en 2014 y dos gemelos nacidos en 2016). La familia se había trasladado a Asturias desde Alemania y en la casa únicamente figuraba empadronado el acusado. No constaban ni la acusada ni los menores de edad en ningún registro público, incluidos escolar o la Seguridad Social.
Durante todo el tiempo que permanecieron en la casa, continúa la Fiscalía, los procesados, «de común acuerdo, incumplieron los deberes de protección que tenían sobre sus hijos y les privaron de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales». Encerraron a los menores en el interior de la vivienda «y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación«. Los niños no conocían ni a familiares ni a ninguna otra persona que no fueran sus padres. »No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo«. Al parecer, pudieron sufrir el conocido como 'síndrome covid' a raíz de la pandemia.
Los gemelos «no sabían leer ni escribir»
Los acusados, prosigue el relato del fiscal, «nunca escolarizaron a los menores en España». Los niños aprendían por sí mismos o con la asistencia puntual de sus padres, de forma que los gemelos, con 8 años cuando fueron encontrados en la vivienda y rescatados por un operativo de agentes de la Policía Local, «no sabían leer ni escribir». Asimismo, los pequeños no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud y la última vez que acudieron al médico fue en 2019. Eran sus padres los que se encargaban de diagnosticar y tratar sus problemas cuando surgían, y en el domicilio contaban con abundantes medicamentos, comprados sin la preceptiva prescripción médica. Por otro lado, los niños presentaban igualmente problemas de control de esfínteres, ocasionados por la utilización indebida y prolongada de pañales.
La vivienda, a la que accedieron los efectivos de Seguridad Ciudadana el pasado 28 de abril, en pleno apagón de la electricidad y las telecomunicaciones, tras varias semanas de vigilancia (una vecina había denunciado la posible presencia de niños sin escolarizar en un chalé cercano), «se encontraba en malas condiciones de habitabilidad, con un déficit importante de limpieza, con cantidades ingentes de basura y suciedad acumulada en diversas estancias». Además, el mobiliario era «inadecuado» para cubrir las necesidades de los menores, asevera la Fiscalía. Los gemelos dormían en cunas, a las que habían roto los barrotes para entrar y salir libremente, y su hermano lo hacía en una cama de reducidas dimensiones para su edad.
El encierro prolongado dejó importantes secuelas físicas y emocionales en los pequeños. Los menores caminaban encorvados, con las piernas arqueadas, presentaban dificultades para subir y bajar escaleras y tenían la piel irritada y onicomicosis. Uno de ellos tenía un ligero encorvamiento. Al salir al exterior, una vez que se descubrió la situación en la que se encontraban, «se mostraron sorprendidos por cuanto les rodeaba». Como consecuencia de estos hechos, manifiesta la acusación pública, los niños sufren «distocia social» y esto supondrá un retraso en la incorporación a las relaciones sociales propias de su edad.
Por autos de 30 de abril de 2025 del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo se acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los padres de la 'casa de los horrores', así como la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus hijos, con atribución de las mismas a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. En ese sentido, el Ejecutivo Regional, por resolución de 6 de mayo, declaró el desamparo de los menores y la asunción de la tutela por la entidad pública.
Violencia psíquica habitual, detención ilegal y abandono
Así, la Fiscalía asturiana considera que los hechos constituyen un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar de los artículos 173.2, párrafo 2º, y 57, y de tres delitos de detención ilegal de los artículos 163.1 y 3, 165 y 57, en concurso ideal con un delito del artículo 226.1 y 2; advierte que concurre en ambos acusados, en el delito de detención ilegal, la circunstancia agravante de parentesco y solicita que se condene a cada uno de los progenitores a 25 años y 4 meses de prisión.
Del total, 2 años y 4 meses de cárcel corresponden con el delito de violencia psíquica habitual, y se solicita, además, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años y 6 meses; inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante 3 años y 4 meses; prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro frecuentado por los mismos durante 3 años y 4 meses; y prohibición de comunicación por cualquier medio, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que en su caso se hubiera reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena.
Del mismo modo, por cada uno de los delitos de detención ilegal en concurso con un delito de abandono de familia, la Fiscalía solicita las penas de 7 años y 8 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro que sea frecuentado por los mismos durante 8 años y 6 meses; y prohibición de comunicación por cualquier medio, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que en su caso se hubiere reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena.
Además, el Ministerio Público pide que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a los menores con 15.000 euros a cada uno de ellos por los daños morales sufridos, amén de los intereses legales correspondientes.
