La Fiscalía solicita el sobreseimiento de la operación 'Enredadera'
Sostiene que no existen pruebas que corroboren que se amañasen contratos de Tráfico más allá de las conversaciones telefónicas intervenidas a varios empresarios
La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo el sobreseimiento provisional de la operación 'Enredadera', el caso investigado desde 2016 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía por presuntas irregularidades en contratos de tráfico en medio centenar de municipios españoles, contra el ex jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, un subinspector del cuerpo y tres empresarios. En su escrito, el Ministerio Público considera que con las pruebas que hay «no ha quedado debidamente justificada la perpetración de los hechos denunciados» y que, más allá de las conversaciones telefónicas intervenidas a los empresarios, si bien en estas se menciona la posible intervención de uno de los imputados para beneficiar los intereses empresariales de terceros, no hay evidencias de que se amañasen contratos.
En ese sentido, expone el fiscal, los hechos objeto de investigación son, en síntesis, la presunta realización de actividades como influir en el contenido de los pliegos o en la valoración técnica de las ofertas para lograr la adjudicación de diversos contratos del Ayuntamiento de Oviedo relacionados con el tráfico y la Policía Local en materia de modernización, comunicaciones y radiocomunicación-DMR en favor de tres mercantiles. Estos hechos se imputaban al citado subinspector, «que supuestamente se encargaría de intervenir en la redacción de los pliegos de condiciones a la medida de esas empresas»; al entonces jefe de la Policía Local, «quien, usando su cargo, favorecería presuntamente la adjudicación de los contratos a esas mercantiles», y a los tres empresarios, «que actuarían por parte de las empresas supuestamente beneficiarias de las adjudicaciones».
No obstante, determina que las únicas pruebas practicadas son las escuchas telefónicas llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (donde se inició la causa) y diversos registros, y que de ellas únicamente se desprende «la relación entre los investigados» y la mención que realizan a la posible intervención de uno de ellos para lucro de una de esas empresas en la adjudicación de los contratos, aunque «no existen en la causa otros datos» que lo confirmen.
Las escuchas mencionan la posible intervención de López para favorecer a Gespol, pero «no existen» más datos que lo confirmen
¿Qué conversaciones? En las que se introduce la supuesta intervención de López para favorecer los intereses de la empresa Gespol. Sin embargo, el escrito de la Fiscalía deja claro que no se encontraron en los registros documentos que ratifiquen tal extremo y recuerda que, en todo caso, la compañía no obtuvo finalmente el contrato de comunicaciones.
Tampoco ha quedado probado, continúa el fiscal, que los funcionarios «hayan participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de tal forma que favorecieran a las empresas, ni que les hubiesen facilitado información sobre ellas antes de la publicación de los concursos, ni que hayan intervenido en la adjudicación de los contratos». Asimismo, «tampoco resulta acreditado que hayan influido en los funcionarios que participaban en el procedimiento», enfatiza.
Mordidas
En cuanto a los otros dos, resuelve, «no existen datos que permitan corroborar que hayan recibido –del resto– dinero u otros bienes o prebendas para favorecer la adjudicación a las mercantiles citadas». Por todo ello, y dado que no resulta posible la prórroga del plazo de instrucción de las diligencias ni la práctica de otras nuevas, la Fiscalía asturiana ha pedido el sobreseimiento provisional de esta causa que sacudió a Oviedo hace seis años cuando la UDEF entró al Ayuntamiento, en los despachos de la jefatura del edificio de Seguridad Ciudadana de Rubín y en el domicilio del propio López dentro de la macrooperación iniciada por el juzgado de Badalona y que señaló directamente a medio centenar de municipios de todo el país y al que era jefe de la Policía Local de la capital del Principado de Asturias.
