Los asesinos más castigados: estos son los españoles condenados a prisión permanente revisable

A Jorge Ignacio Palma, declarado culpable de asesinar a Marta Calvo, Marcela y Arliene Ramos, la Audiencia Provincial de Valencia le ha impuesto una condena de 159 años y 11 meses de prisión, de los cuales cumplirá «un máximo de 40 años», según recoge el propio fallo judicial.

La jueza se desvía en su sentencia de las pautas dictadas por el jurado e impone 22 años de cárcel por cada uno de los crímenes en una decisión recibida con estupefacción y abatimiento por la familia de la víctima, que esperaba para el criminal una pena de prisión permanente revisable, ha anunciado que presentará un recurso.

«Estas sentencias hacen que los delincuentes salgan a matar. Que piensen que pueden asesinar a las personas y ocultar los cadáveres y aquí no ha pasado nada», resumía Marisol Burón, madre de la joven asesinada y cuyo cuerpo fue descuartizado. Palma introducía piedras de cocaína en la vagina de sus víctimas, a las que provocaba una muerte por intoxicación fulminante

El fallo considera al acusado responsable de un delito contra la salud pública; un delito contra la libertad e indemnidad sexuales; seis delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con seis delitos de asesinato alevoso en grado de tentativa y tres delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en concurso ideal con tres delitos de asesinato alevoso consumado.

Además, fija indemnizaciones por un total de 640.000 euros a favor de las víctimas o sus familiares: 565.000 a los familiares de cada una de las tres víctimas mortales (con cantidades que oscilan entre los 70.000 y los 75.000 euros para los parientes de cada fallecida) y 50.000 euros para cada una de las siete víctimas que sobrevivieron y a las que Jorge Ignacio introdujo cocaína por vía vaginal o anal. El asesino ha sido absuelto del delito contra la integridad moral del que también estaba acusado al descuartizar el cuerpo de la joven y deshacerse de él en varios contenedores.

La prisión permanente revisable es la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal. Fue aprobada en marzo de 2015 para castigar los casos de suma gravedad y evitar que «los delincuentes más peligrosos, que no hayan demostrado capacidad de reinserción, puedan volver a la sociedad y pongan en peligro la seguridad de las personas».

La condena sólo se aplica «en supuestos de excepcional gravedad en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada, sujeta a un régimen de revisión». Hasta su entrada en vigor, el Código Penal establecía unos límites de 25, de 30 o de 40 años de cárcel. Los jueces han impuesto la pena una treintena de veces.

El primer condenado en España a prisión permanente revisable fue el parricida avilesino David Oubel, quien mató a sus hijas de nueve y cuatro años con una radial en la localidad pontevedresa de Moraña. Las drogó previamente pero a la mayor la realizó «hasta diez acometidas» después de que «intentara escapar» al no haberle hecho efecto las sustancias ingeridas

La joven Silvia Acebal fue la primera condenada, a pesar de su arrepentimiento, a prisión permanente revisable en Asturias por matar a su bebé recién nacido en Nuevo Roces (Gijón) tras asestarle 53 puñaladas. La joven ocultó su embarazo a todo su entorno, incluido a su pareja, dio a luz en el hogar y tras asesinar al pequeño lo tiró a la basura.

Los psicólogos forenses que evaluaron su estado mental determinaron diferencia entre el bien y el mal pero presenta una psicopatía, un rasgo hedonista de su personalidad que le impide tener empatía con cualquier persona o situación.

Ana Julia Quezada también fue condenada a prisión permanente revisable tras asfixiar al pequeño Gabriel, hijo de su pareja. La misma pena fue decretada para el asesino de Diana Quer, José Enrique Abuín 'El Chicle' y Patrick Nogueira, el descuartizador de Pioz, que mató a sus tíos y sus primos de uno y cuatro años después de una fuerte discusión.

Daniel Montaño asesinó en enero de 2016 a la pequeña Alicia, de 17 meses, en Vitoria arrojándola al vacío y Marcos Javier Miras Montáñez acabó con la vida de su hijo de 11 años golpeándole repetidamente con una pala para «causar el mayor sufrimiento psíquico a su exmujer. Alejandra García estranguló al hijo de acogida de su compañero sentimental que sufría autismo y aseguró que ambos habían sufrido un asalto.

La Audiencia de Huesca condenó a prisión permanente revisable a Iván Pardo Pena como autor del asesinato de Naiara, de 8 años, tras unas torturas que se prolongaron durante varias horas. Esa misma condena pagan por matar a sus hijos Ana María Baños, Ana Sandamil y Adriana Ugueto, así como al joven Ricardo Ortega al matar a sus padres y su abuelo.

Rubén Mañó violó y mató a su amiga cuando contaba 21 años y Roberto Hernández asesinó en 2017 a la pequeña de Sara, víctima de lesiones, maltrato continuado y violación. Irene Torres y Joey Lee Mederos acabaron con la vida de su bebé de cinco meses e Igor el Ruso se llevó por delante a un ganadero y dos guardias civiles.

Otros condenados con la máxima pena son Pablo Catalán, quien violó y mató a una mujer inconsciente, Gonzalo Sánchez, que asesinó a su tía; Mounir Ayad, que mató a su novia y a su hijo. La víctima fatal de Laurentiu Mihai fue su hijastra de 2 años, a la que degolló en Valencia para vengarse de su mujer. Enrique Romay fue declarado culpable de asesinar e intentar violar, bajo los efectos del alcohol y la cocaína, a una mujer de 50 años.

Francisco Javier Martínez dio final a sus padres y a su hermano; Juan Francisco López mató a la nieta de sus vecinos y Adonis acribilló a tiros a dos personas e hirió a una tercera en 2017 en un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales de narcos. Una pelea entre clanes con tres fallecido motivó el fallo judicial que condenó a prisión permanente revisable a Juan Carlos y Emilio Jiménez, padre e hijo.

La parricida Ana Torre, Francisco Salvador García, quien violó y mató a su expareja, el hombre que acabó a martillazos con su esposa o Mariano Daniel Vásquez, que dejó morir a su novia de un coma diabético y grabó hasta 15 vídeos de su agonía, son otros de los condenados a la pena más contundente.

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