El Principado logra sacar al director de Blue Solving de la comisión de seguridad minera
El consejero Borja Sánchez asume que «no puede establecer plazos» a la investigación que del accidente de Cerredo hacen sus funcionarios
El Principado tiene constituida una Comisión de Seguridad Minera en la que tienen participación sus funcionarios, representantes de los sindicatos, de las empresas del sector, ... la patronal de las sociedades que se dedican a los áridos y dos colegios profesionales. El foro se dedica a analizar la siniestralidad en el sector, emitir informes al respecto, mejoras de las que aprender y asesora de cara a futuros cambios normativos. El problema que tenía es que el representante del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas y Energía era José Antonio Fernández Casillas, quien a su vez es el director facultativo de Blue Solving para la mina de Cerredo (Degaña), el lugar donde cinco trabajadores murieron el 31 de marzo víctimas de una explosión.
Para evitar su presencia en el foro el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, aprovechó que asumía las competencias sobre la materia para invitar a cada estamento a que renovara a sus representantes. Hoy ha sido el día en el que por fin el foro ha retomado su actividad corriente, con un nuevo vocal por parte del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas, analizando la siniestralidad del primer trimestre y reconfigurando la subcomisión de investigación que tiene abierta en su seno para dedicarse específicamente a aclarar el accidente de Cerredo.
Dicho órgano está a la espera de que lo vayan informando los funcionarios del Servicio de Minas, que deben emitir un informe tras cada accidente mortal. Para ello deben entrevistarse con los supervivientes y revisar el lugar de los hechos, algo que la magistrada que instruye el caso no les ha permitido. Solo pudieron acceder una vez, el 8 de abril, después de que lo hicieran los agentes de la Guardia Civil, y bajo la vigilancia de uno de ellos. A la segunda inspección que realizaron los investigadores del Instituto Armado la semana pasada no fueron invitados.
De esta forma el juzgado está avanzando su trabajo, bajo secreto de sumario y sin permitir que los funcionarios del Servicio de Minas puedan continuar el suyo. En estas circunstancias «no podemos establecer plazos», reconoció el consejero. Sánchez valoró como «un cambio cualitativo» que sus funcionarios al cargo de la vigilancia de las minas (los actuarios) ya no estén avisando de sus visitas, como desveló EL COMERCIO. También sostuvo que la Inspección General de Servicios sigue avanzando en su auditoría sobre cómo viene funcionando el Servicio de Minas, y comentó que su departamento ya ha suministrado toda la documentación requerida por la Junta General para que puedan hacer su trabajo los integrantes de la comisión de investigación parlamentaria.
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