Aránzazu Fernández, fiscal de Violencia sobre la Mujer: «El juzgado de violencia está colapsado. Necesitamos más medios humanos y materiales»
«Es incierto que si un hombre pega a una mujer tenga más castigo que al revés». «La sentencia de Alves es un ejemplo del Estado de Derecho»
No lo tiene fácil. Y no por falta de méritos para una fiscal que ingresó en la carrera en 1998 y que ha ido escalando ... en su profesión, siempre con la vista puesta en la violencia de género. El problema, que ella ve una suerte, de Aránzazu Fernández (Oviedo, 1971), es que ocupa ahora un puesto en el que brilló desde 2012 la hoy Fiscal de Sala de Violencia de Género y su antigua jefa, María Eugenia Prendes. Y que su nuevo jefe es Gabriel Bernal, mente de la que salió la creación de esa fiscalía. Por si fuera poco, se estrena con la creación de la sección de Violencia sobre la Mujer, lo que implica que por su despacho pasarán todos los casos que tengan a una mujer como víctima de cualquier tipo de agresión.
–Ya tenía usted experiencia en violencia de género. ¿Es necesario aumentar la especialización y la sensibilización sobre la materia?
–Sí. Es muy importante la especialización, porque estamos tratando de un tipo de delitos que tiene unas características muy peculiares. La víctima convive con el agresor y tiene dificultad para romper los lazos porque, en la mayoría de los supuestos, tienen hijos en común. Sin olvidar el trauma que vienen viviendo, la dificultad para declarar... Todas estas características tienen que ser consideradas y entendidas por los profesionales, con lo cual la especialización tanto de tribunales, jueces y fiscales, como de agentes de la autoridad que les atienden desde el primer momento, como peritos que las evalúan es necesaria para un mejor entendimiento de las víctimas y del tratamiento de los asuntos.
–¿Es necesaria también esa formación en Educación, Salud, Servicios Sociales?
–Por supuesto. Se necesita la educación afectivo-sexual desde edades tempranas, campañas para aumentar la concienciación social sobre el consentimiento en las relaciones sexuales, sobre los roles que no están determinados por el sexo. Estamos ante una violencia diferente, en las demás no se vuelve a tener relación con el agresor.
–Esa peculiaridad ¿hace que sea más difícil entenderla?
–Efectivamente. Es muy compleja la situación porque estamos hablando de mujeres que van a venir al juzgado, que les va a costar muchísimo exteriorizar sus sentimientos, que, ante personas extrañas, tienen que revelar datos de la más estricta intimidad, del entorno de pareja familiar. Incluso van a ir declarando poco a poco: en comisaría, en el juzgado, ante el equipo psicosocial... Todo esto hay que tenerlo en cuenta. No se da en otro tipo de delitos.
–¿Qué supone ocupar la silla de María Eugenia Prendes?
–Una gran responsabilidad. De todos es conocida la extraordinaria trayectoria de María Eugenia. Pero, por otra parte, también es una confianza porque ella ya trazó el camino... Intentaré continuarlo (sonríe).
–Y antes que ella, su nuevo jefe, Gabriel Bernal, también apostó por esta materia. ¿Eso supone un plus de presión?
–Yo creo que todo lo contrario, porque los hace mucho más receptivos a toda la complejidad que conlleva esta especialidad.
–Llega y se estrena la sección de Violencia sobre la Mujer.
–María Eugenia Prendes instauró la creación de esta sección. Somos cuatro fiscales, tres mujeres y un hombre. Se busca la especialización necesaria de la que hemos hablado y, luego dar una respuesta más uniforme, más coordinada ante las víctimas.
–¿Qué supone para ellas?
–Van a tener unas respuestas más coordinadas y uniformes ante los distintos supuestos. Entiendo que será mucho más fácil para ellas tener unas figuras concretas para poder dirigirse a ellas y exponer los problemas que les puedan surgir.
–¿Esta sección es la que va a llevar todos los casos de violencia sobre la mujer en Asturias?
–Sí. No en exclusiva, porque hay supuestos concretos de guardias y demás, pero en general va a llevar, ya estamos llevando, violencia de género, delitos de violencia doméstica, en determinados supuestos, y delitos contra la violencia sexual. Los juzgados todavía no han asumido esas competencias, lo harán en octubre, pero nosotros sí.
–¿Y eso, cuánto trabajo va a suponer? Porque su antecesora ya tenía el despacho lleno de casos.
–Hay mucho trabajo, sí. Se han incrementado mucho las denuncias por malos tratos, por delitos de violencia sexual...
–¿Entonces?
–Los juzgados de violencia ya están saturados, porque su trabajo consiste en una guardia permanente, asumiendo todas las denuncias que entran diariamente, más la tramitación de esos procedimientos y los civiles que se derivan de esas situaciones, ya de por sí muy conflictivas. Ahora van a asumir también los delitos de violencia sexual, con las medidas cautelares que se necesiten, los delitos de trata, los matrimonios forzados... Hay que practicar pruebas preconstituidas para asegurarlas para el juicio. Como no se doten de medios personales y materiales necesarios, va a suponer un colapso. De hecho, el Juzgado de lo Penal número 4 ya está colapsado. Los señalamientos se están fijando para los años 2026 y 2027.
–¿Para dentro de dos años?
– Exactamente, está totalmente colapsado. Y lo mismo pasa en la Sección Tercera de la Audiencia. Esta nueva asunción de competencias tiene que ir acompañado de unos medios personales y materiales que permitan que siga siendo eficaz en la prestación de esos servicios al justiciable.
–¿Se necesitan más fiscales?
–Sí, de hecho está previsto la creación de otra plaza en Gijón. Debería dotarse de más medios personales porque, como digo, aumenta muchísimo el número de asuntos.
Aumentar las pruebas preconstituidas
–Citó la prueba preconstituida, el testimonio grabado de la denuncia de la víctima. Las expertas en violencia la llevan pidiendo años para evitar ese peregrinaje de testificaciones que relató antes.
–La nueva Ley de Eficiencia de la Justicia de 2025 es lo que pretende. La intención es aumentar el número de esas salas y esos medios de grabación, porque va a ser muy posible que muchas de las declaraciones se puedan realizar por videoconferencia. Es imprescindible porque, si no, lo que se haría sería crear un obstáculo muy grande a personas que viven en la Asturias rural.
–Con ese colapso que cita, ¿tienen muchos casos atrasados?
–No. En esta sección no llevamos retraso apenas porque sabemos que son casos con urgencia e intentamos despacharlos con la máxima celeridad. Eso sí, dependemos de la práctica de diligencias, de informes y demás, que eso puede dilatar en el tiempo la tramitación.
–Asturias fue la primera en abrir un Centro de Crisis para Víctimas de Agresión Sexual. La plantilla detectó un elevado caso de víctimas menores. ¿También tiene esa percepción?
–Efectivamente hay un gran porcentaje de jóvenes que denuncian estas agresiones. Las redes sociales repercuten muy negativamente en facilitar este tipo de delitos, así como al acceso temprano a la pornografía. Cada vez hay más víctimas adolescentes y menores de edad.
–¿Llegan a usted o se quedan en la Fiscalía de Menores?
–Depende de quien sea el agresor. Si es mayor de edad, nos correspondería a la sección.
–Su antecesora pidió insistentemente la creación de Unidades de Valoración Forense.
–Tenemos dos en Gijón, tres en Oviedo y se crea una ahora en Avilés. La labor de estas unidades es muy importante. Son informes complejos, con entrevistas a la víctima, al agresor, a veces, a terceras personas...Por eso puede ralentizarse el proceso, pero sus informes son muy importante para nosotros.
–Entonces, ¿pide más?
–Con las denuncias con las que nos enfrentamos ahora es necesario o crear más unidades o reforzar el personal de las que ya existen, porque para la víctima es un proceso muy largo y cuanto antes acabe, mejor.
–El CGPJ advierte cada trimestre del aumento de víctimas que renuncian a declarar.
–A ver, es un trago muy amargo para las víctimas, eso es evidente, y cuanto más se prolonga el procedimiento, por más altibajos psicológicos van a pasar. Pueden recibir presiones del propio agresor, del entorno familiar. Y muchas no se encontrarán con el coraje suficiente para seguir adelante con el procedimiento. Pero Fiscalía no renuncia. Si existe prueba suficiente, seguimos adelante con el procedimiento.
–¿Cómo se puede evitar que sigan al alza las renuncias?
–Una vía muy importante son los juicios rápidos. Se interpone la denuncia y en menos de dos días, si existe prueba evidentemente, se van con una sentencia condenatoria.
–Pero ¿eso no choca con los juzgados colapsados?
–No, hay muchos juicios rápidos pese al colapso.
–¿Nos sigue faltando a la sociedad el reproche al agresor?
–Totalmente. Es una lacra contra la que debemos de luchar. Son importantes las campañas de concienciación, así como la educación sexual.
–Ahora que acabó el ruido, ¿qué le parece la ley del 'solo sí es sí?
–Tiene muchos puntos favorables, porque es una ley de protección integral de las víctimas de violencia sexual. Como ya se hizo en el 2004 con la ley de violencia de género; y en el 2021 con la de infancia y adolescencia. En 2022 se actúa con las víctimas de violencia sexual y tiene muchos puntos favorables. En el ámbito penal se cometió el error de modificar los límites de las penas abocó a la aplicación de la ley penal más favorable de forma retroactiva. Se corrigieron estas disfunciones en 2023.
–El foco se pone ahora en la violencia vicaria. Se supone que un agresor no tiene derecho a visitas, pero sigue pasando.
–En 2021 se produjo una reforma muy importante en este tema. Se incluyó la violencia vicaria como parte de la violencia de género. Es un paso reconocer a esos menores que sufren también de esa violencia de género y que estaban un poco olvidados. Se modificó el artículo 91 del Código Civil y se impide la custodia compartida cuando el progenitor es autor de violencia de género. Y, lo más importante, también el artículo 94, que instauró como regla general la suspensión de ese régimen de visitas cuando hubiera indicios de la comisión de un delito de violencia de género sobre ella o sus hijos.
–Pero tenemos casos en Asturias en las que el agresor sigue con derecho a visitas.
–Queda por avanzar, pero cada supuesto hay que analizarlo en concreto.
–Explicaba María Eugenia que se encontró con muchas víctimas que se arrepentían de haber denunciado. ¿Cómo podemos cambiar eso?
–Cambiarlo o atajarlo sería reduciendo el tiempo de tramitación de los procedimientos.
–Hay un mantra que repiten los negacionistas de la violencia: si una mujer pega a un hombre tiene menos castigo que al revés.
–Eso es totalmente incierto. Continuamente se está repitiendo esa idea incluso en las televisiones. Eso es incierto. La pena puede ser exactamente igual en un caso que en otro. ¿Qué sucede? Que cuando la víctima es mujer, se le dota de una serie de ayudas colaterales para que escape de ese clima de violencia. Pero no quiere decir que si la mujer pega al hombre va a quedar impune puede imponerse la misma pena exactamente que si el hombre pega a la mujer.
–¿El negacionismo está detrás de la violencia entre jóvenes?
–Evidentemente. Y los adolescentes son muy influenciables. Si sus iconos van transmitiendo esa idea, pues, efectivamente, ellos lo recogen como propias.
–¿La sentencia de Alves fue un antes y un después?
–Es un ejemplo del Estado de Derecho. Hay que tener sensibilidad hacia las denuncias de las mujeres, pero, también hay que tener en cuenta que rigen los principios del Estado de Derecho: presunción de inocencia, valorar todas las pruebas... Ha habido una sentencia, luego un recurso y, ahora, de nuevo se puede recurrir.
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