Barbón se declara en rebeldía ante la protección que Ribera aprueba dar al lobo

Asturias se rige por un plan de gestión que establece el número de lobos que deben ser abatidos para controlar la especie. Desde Transición Ecológica aseguran que la inclusión del lobo en el citado listado permitirá seguir haciendo estas operaciones y que el modelo de gestión a nivel nacional se va a negociar ahora con las comunidades autónomas.

El nuevo estatus que tendrá la especie se toma a instancias de un colectivo ecologista, tras un dictamen de un comité científico, y es visto por los ganaderos como un ataque directo, los gobiernos autonómicos afectados lo interpretan como una invasión de sus competencias, mientras en la orilla política parte de la oposición ve en ello una muestra de la escasa influencia que tendría el Principado en el Gobierno nacional.

«La posición del Gobierno de Asturias ha sido clara, nítida y rotunda en defensa de la ganadería, defendemos el plan de gestión del lobo», manifestó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien no ocultó su malestar con el ministerio que rige Teresa Ribero. «Nuestro plan de gestión del lobo es la defensa que vamos a hacer y de ella no nos vamos a mover», fijó. En el caso de que el Gobierno central siga adelante con su propuesta «nosotros defenderemos la nuestra con todos nuestros recursos», insistió el presidente.

Su consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, se reunió con sus homólogos de Galicia, Castilla y León y Cantabria para coordinar estrategias. «El ministerio nos traslada que su modelo es el plan de gestión de Asturias, pero eso hay que materializarlo, no podemos construir la casa por tejado; primero debe haber una estrategia nacional que integre modelos como el del Asturias, y a partir de ahí evidentemente podemos cambiar la forma de gestionar», defendió.

Las comunidades acordaron avanzar en dos vías. La primera es «política» y consiste en sentarse a la mesa de trabajo del ministerio para que el plan de gestión asturiano sea «decisivo» en la nueva estrategia nacional, según indicó Calvo. En la consejería existe el temor de que la normativa nacional imponga trámites adicionales a unos controles del lobo que ya exigen de una importante burocracia.

Por otro lado las comunidades darán la batalla jurídica, según reconoció Calvo: «Vamos a trabajar de manera conjunta, tenemos que defender nuestras competencias, los intereses del medio rural y de este equilibrio que en ausencia de planes de gestión nos va a traer graves consecuencias».

Cada comunidad consultará con sus servicios jurídicos las posibilidades de impugnar el acuerdo que el ministerio propició en el seno de la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, donde la nueva catalogación del lobo salió adelante con un empate entre comunidades a favor y en contra, roto solo por el voto del representante del Ministerio para la Transición Ecológica. Existen dudas sobre la legalidad de una decisión que se tomó teniendo a un vocal, el de Ceuta, sin poder emitir voto por problemas de conexión con la videoconferencia. También se cuestiona que para la cuestión valiera lo mismo el voto de comunidades con cánidos como el de Canarias, que carecen de presencia del lobo.

Son las regiones que «solo han visto el lobo en televisión», en palabras de Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural cántabro, quien también aseguró que su administración seguiría gestionando el control del cánido «pase lo que pase». La Xunta por su parte recordó que es la primera vez que la comisión vota la inclusión de una especie en el catálogo sin consensuarlo antes y también estudia «la presentación de posibles recursos».

En el orden interno, el PP manifestó que el nuevo estatus del lobo facilitará su expansión por la región. «Podrán colonizar territorios en los que ahora no tiene presencia, acabaremos teniendo a los lobos a las puertas de Oviedo y Gijón», argumenta Javier Brea. El diputado teme «daños económicos incalculables», cree que la medida responde al «fundamentalismo ideológico impropio de un gobierno democrático» y asevera que «no se puede gobernar en contra de los intereses y derechos de los ganaderos».

En Ciudadanos recordaron que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «es asturiano» y, añadieron, a pesar de ello no lucha por su región», en palabras del parlamentario Sergio García.

La ministra Ribera «agrede una vez más a Asturias: cuando no es la industria es, esta vez, con la ganadería, con el medio rural», señaló en IU su coordinador general, Ovidio Zapico. El diputado entiende que «su decisión de dar la misma protección al lobo en toda España, con independencia de la diferente incidencia que esta especie pueda ocasionar en las diferentes comunidades autónomas es un ataque directo contra los ganaderos asturianos, contra el medio rural asturiano».

Adrián Pumares, por parte de Foro, estima que la protección especial para el lobo «supone un nuevo desprecio del Gobierno de España a Asturias y pone de manifiesto la nula influencia de la FSA para trasladar los problemas de Asturias al Consejo de Ministros». Para el diputado, «este nuevo ataque del ministerio a nuestra tierra a quien pone en peligro de extinción es al mundo rural y a sus habitantes, dificultando todavía más la gestión de las ganaderías».

«Lo único que corre peligro en el campo asturiano es el ganadero, al que cada vez le cuesta más 'dar de comer' a los lobos con su ganado», coincidió el portavoz de Vox, Ignacio Blanco.

Los sindicatos dieron un paso más. El jueves dijeron que la medida era un ataque a las explotaciones extensivas y ayer la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reclamó la dimisión de la ministra y del secretario de estado por «traicionar a los ganaderos».

«Ya no es sólo el daño económico, sino el psicológico y el estrés que pasan cada día con el lobo en los prados. Eso, desde Madrid, no se ve», afeó su secretaria general, Mercedes Cruzado.