La Junta preguntará a los supervivientes del accidente de Cerredo si quieren dar su versión

«Nos parece una cuestión de humanidad, hay que preguntarles previamente a mandarles la solicitud, por respeto y humanidad», indicó la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé. En su propuesta de comparecencias ella misma identificó la conveniencia de convocar al herido grave del accidente de 2022, mientras que fue el PP quien planteó hacer lo propio con los supervivientes del último siniestro.

Cabe recordar que el reglamento de la Junta General y el Código Penal obligan a comparecer en una comisión de investigación a quienes son citados por ella; caso de no hacerlo se considera incurren en un delito de desobediencia y se da parte a la Fiscalía para que inicie el procedimiento sancionador. De este precepto están eximidos determinadas autoridades.

Además de fijar esta regla de consideración hacia las víctimas, la comisión de investigación acordó hoy la lista de solicitudes de información que cursará. Son más de cien los documentos, permisos, contratos, recibos, correos electrónicos y agendas de trabajo que se van a requerir al Principado, el Ayuntamiento de Degaña, Hunosa, la Autoridad Portuaria de Gijón y el Instituto para la Transición Justa dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Rafael Alonso, diputado del PP que propuso más de la mitad de las peticiones de información a las que se ha dado el visto bueno, destacó las que le llegarán al puerto de Gijón y a Hunosa, para aclarar la procedencia del carbón que han gestionado en sus instalaciones: «Hubo un correo electrónico que quedó perdido en el limbo y en el cual el denunciante decía que había una extracción ilegal del carbón en Cerredo y que ese carbón acababa en El Musel. No es algo que nos inventemos nosotros».

Los diputados se reunirán ahora el viernes para deliberar sobre la lista definitiva de comparecientes a los que citarán. De las propuestas registradas se da por hecho que serán convocados los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz, además del consejero Borja Sánchez. También hay consenso en llamar a declarar a los funcionarios al cargo del Servicio de Minas, a los inspectores que revisaron Cerredo, y a la familia dueña de la explotación. PP, Vox y Tomé quieren incluir en la lista también a la ministra Sara Aagesen.